El Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que reforma al apartado B del Artículo 102 constitucional, a fin de fortalecer a los organismos de derechos humanos de las entidades federativas.

La diputada Lía Limón García detalló que el proyecto establece en la Constitución que los organismos de derechos humanos tendrán autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el proceso de designación del ombudsman no podrá participar el mandatario estatal, a fin de que no exista un control político de origen sobre éstos.

Indicó que la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 definió un nuevo paradigma constitucional de la protección y defensa de las libertades fundamentales, porque dotó de autonomía constitucional plena tanto al ombudsman nacional como a los organismos estatales de derechos humanos en las entidades federativas.

Sin embargo, dijo, no se consignaron expresamente los conceptos de autonomía de gestión presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios de los ombudsman estatales, pues sólo se hizo un tratamiento de autonomía lisa y llana para tales organismos locales sin la precisión y puntualidad con que estos elementos se consignan para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Por lo que estimamos que por su importancia deben ser elementos que deben estar definidos expresamente en la norma fundamental”, destacó.

Hizo notar que en el texto vigente del párrafo quinto del apartado B) del Artículo 102 constitucional se estableció un principio de libre configuración para que las legislaturas locales en lo concerniente a la forma de garantizar la autonomía de los organismos de protección a los derechos humanos lo definiesen.

“De ahí que nos permitimos proponer con esta iniciativa dar bases constitucionales mínimas y uniformes que habrán de seguir las legislaturas de las entidades federativas en el proceso de designación de los órganos estatales de derechos humanos sin que se pueda relajar o flexibilizar”, argumentó.

Aseguró que la iniciativa que impulsa el PVEM responde a diversas recomendaciones internacionales dirigidas a fortalecer a los órganos públicos de protección de derechos humanos, particularmente los principios de París y de la ONU.

Además, las recomendaciones del Examen Periódico Universal en Materia de Derechos Humanos, conocido como el EPU, y en criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, añadió la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Una de las recomendaciones internacionales indica que el ombudsman debe tener garantías de independencia y pluralismo y que su procedimiento de designación deberá ofrecer todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.

“Lo he dicho en diversas ocasiones –y lo repito– las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos son recomendaciones hechas al Estado mexicano en su conjunto, eso quiere decir a los distintos órdenes de gobierno y a los distintos Poderes de la Unión”, señaló.

Por lo anterior, consideró fundamental el fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas, porque cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer a los órganos garantes de derechos humanos reforzará el compromiso de México y coadyuvará a cumplir con las recomendaciones formuladas en el ámbito internacional en esta materia. edo/m