El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, reconoció que en México la corrupción y el crimen organizado han penetrado las instituciones del Estado y reveló que las autoridades mexicanas solamente le han podido confiscar a Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuatro coches y sólo una casa.

Al reunirse con el ministro de Justicia de la República Italiana, Andrea Orlando, Zambrano comentó que la confiscación de bienes por parte del Estado a criminales pueden tardar años, y el Ejército tiene que cuidar dichos patrimonios por mucho tiempo, “en lugar de que se ocupe en otras tareas que demanden su atención”.

Por ejemplo, de cuidar la fuga de “El Chapo” Guzmán del principal penal de alta seguridad del país, quien es un criminal famoso internacionalmente y considerado por la revista Forbes como uno de los diez ricos más importantes del mundo.

Por su parte, el ministro italiano destacó que en la lucha del crimen organizado en México, existe una falta de continuidad, debido a que “las personas cambian cada dos, tres o cinco años en su administración, lo que hace difícil el seguimiento y la falta de coordinación entre los diferentes sujetos que hacen las averiguaciones”.

Agregó que la experiencia contra la mafia italiana, enfatizó, tuvo éxito cuando comenzamos a utilizar a quienes se arrepentían por involucrarse en estos actos delictivos y tenían la confianza en colaborar con las autoridades, porque sabían que no los abandonarían en caso de represalias.

Andrea Orlando mencionó que para evitar las fugas de los criminales, Italia implementó un mecanismo de aislamiento del detenido, que ha sido complicado, pero es un punto de partida para evitar que la cárcel se convirtiera en el cuartel general de los criminales, como se hacía a finales de los años setentas donde los capos de organizaciones mafiosas dirigían desde la prisión.

Al encuentro celebrado esta semana asistieron funcionarios de ese país europeo integrada por consejeros y el embajador de Italia en México, Alessandro Busacca. También estuvieron presentes los diputados Arturo Santana Alfaro y Waldo Fernández González, del PRD.

El diputado Waldo Fernández González solicitó saber cómo se realizan los procedimientos para que los recursos y propiedades de los criminales pasen a propiedad del Estado y, en su caso, éstos se apliquen en el mismo combate a la delincuencia organizada.

En ese orden, el funcionario italiano respondió que en el caso del aislamiento de los criminales, la Constitución prevé una pena que corresponda con un sentido humanitario y de rehabilitación; otra evaluación la dicta el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, la cual debe tratar una normatividad excepcional, donde recomienda que no haya violaciones a los derechos del individuo ni infracción ulterior./arm/m