La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados señaló que en el marco de la culminación del “apagón analógico”, cuyo plazo se vence este 31 de diciembre, la conclusión es que el país se tardó en implementar el proceso cuyo fin es tener una mejor administración y manejo del espectro radioeléctrico, así como ampliar el acceso a la red de internet y servicios de telecomunicaciones.

La diputada Eloísa Talavera, integrante de las comisiones de Comunicaciones y de Ciencia y Tecnología en San Lázaro, agregó que la Transición Digital Terrestre servirá para que el país cuente con más infraestructura y más cobertura en ese rubro, así como para desarrollar esa industria, generar competencia y crear empleos.

“Lo único que va a pasar con esto es que damos el paso que ya nos estábamos tardando para acceder a una mejor comunicación y a una mejor administración del espectro, que es un bien de todos; y darle paso a infraestructura, además de permitir una cobertura a todo el país, para que todos puedan acceder a comunicaciones, brinda la posibilidad de muchas empresas de servicios”, dijo.

Indicó que el “apagón analógico” es una medida necesaria y adecuada, pero el Ejecutivo Federal se equivocó en la instrumentación, al mezclarlo con intereses electorales.

“Era un buen programa, pero que en la instrumentación no fueron tan acertados, porque, por ejemplo, en la primera etapa que se aplicó antes por la COFETEL, pues habían sido simplemente dispositivos que entregaban terceros, no eran los funcionarios públicos, había otras cuadrillas que supervisaban la instalación y no hubo mayor problema”, apuntó Talavera Hernández.

Las complicaciones se generaron cuando dicho proceso se vinculó al interés electoral y el reparto no de decodificadores de señal, sino de pantallas de televisión digitales, se puso en manos de instancias como la SEDESOL, con el argumento de que ésta cuenta con los padrones de beneficiarios de programas sociales, es decir, las personas de más escasos recursos en todo el país.

Por otra parte, la congresista propuso crear una Ley para la Inclusión Digital Universal, con el fin de que un mayor número de mexicanos tengan acceso a internet, así como garantizar el derecho a la información y la educación.

Manifestó que las acciones de inclusión digital promovidas por el Ejecutivo Federal, como la Estrategia Digital Nacional tienen una buena intención, pero no han avanzado como debieran, pues hasta el momento, más de la mitad de la población sigue sin acceso a internet, debido a que los precios de servicios de telecomunicaciones aún son altos y no llegan a las pequeñas regiones ni a las comunidades más lejanas.

Expuso que según el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en Hogares 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en abril de 2014 existían en México 47.4 millones de usuarios de internet, 3.1 por ciento más que en el mismo periodo del 2013.

El reporte dice, indicó la legisladora, que el número de personas que utilizan la red disminuye conforme a la edad, ya que entre las personas de 18 y 24 años, dos de cada tres utilizaban el servicio; mientras que solo la mitad de las personas de entre 25 y 34 años de edad, contaban con las habilidades necesarias para manejar internet.

Mientras que el 39.6 por ciento de las búsquedas en la red fueron de información; el 38.5 por ciento lo utilizó como medio de comunicación y el 36 por ciento, como herramienta complementaria para la educación, abundó.

La legisladora panista refirió que de acuerdo a la ONU ha recomendado promover más políticas públicas de inclusión digital, para “democratizar” el acceso a las nuevas tecnologías y que éstas se utilicen para reforzar el ejercicio de los derechos, el combate a la pobreza, mejorar servicios de educación y salud, así como promover el empleo.

Detalló que su propuesta planea coordinar acciones tanto públicas como privadas e integrar a la sociedad civil, para acelerar el desarrollo de una sociedad de la información.

Promueve la implementación de un diseño adecuado, ejecución eficaz y evaluación puntual de la Estrategia Digital Nacional, conforme a los principios de no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, equidad, calidad, eficiencia y derecho a la información.

Explicó que su planteamiento no implicará mayor gasto, pues se busca aprovechar los recursos humanos y financieros disponibles en la administración pública federal. ys/m.