La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados urgió a armonizar y fortalecer la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Agraria, para definir las responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo Agrario.

El secretario de esa comisión, Óscar García Barrón, dijo que desde que desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria y surgió la Sedatu, que tiene las funciones que otorgaba la Ley Agraria a la anterior dependencia, no se ha modificado la Orgánica de la Administración Pública Federal.

Durante una reunión de trabajo en la que se presentó la agenda de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), dicha comisión acordó reunirse con la titular de esta dependencia, Rosario Robles Berlanga, a efecto de abordar la problemática del campo.

El presidente de esta instancia legislativa, Jesús Serrano Lora, señaló a su vez que la funcionaria federal debe comparecer para lograr acuerdos positivos ante los problemas en el agro, muchos de los cuales son cuestiones administrativa o burocráticas.

El diputado priista José Hugo Cabrera Ruiz propuso reunirse con el jefe de la Unidad de Minería de la Sedatu, para que explique por qué en algunos distritos hay explotación mineral irregular.

De acuerdo con la reforma que creó esa secretaría de Estado, explicó, “el subsuelo es parte del territorio, del desarrollo agrario y de la justicia para los productores”.

Apoyó la instalación de mesas de orientación a ejidatarios, campesinos y comuneros, y planteó establecer una agenda coordinada con las de los delegados estatales de la Procuraduría Agraria, para que representantes de determinadas zonas asistan a las zonas “y no crear cuellos de botella y más burocracia”.

El panista Carlos Bello Otero propuso que la comisión sesione en diferentes estados y regiones donde se tienen detectadas problemáticas importantes y resaltó la importancia de acercar a los funcionarios con los problemas que viven a diario ejidatarios y comuneros.

La agenda prevé un encuentro el 16 de febrero con el subsecretario de Desarrollo Agrario, Gustavo Cárdenas Monroy, y con el director general de la Propiedad Rural, Luis Armando Bastarrachea Sosa.

Para el 23 de febrero está agendada una reunión con el director del Registro Agrario Nacional (RAN) y el 1 de marzo con el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, (CORETT).

Durante la reunión de trabajo se avaló un dictamen a la minuta con proyecto de decreto relacionado con el artículo 45 de la Ley Agraria, para que todo contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares de tierras de uso común o parceladas, sea inscrito en el Registro Agrario.

Además obligaría a que el órgano o institución correspondiente notifique al registro aquellos actos celebrados.

Al tratarse de contratos en los que sólo intervengan determinados sujetos, así como los posesionarios reconocidos por la asamblea, la Procuraduría Agraria deberá coadyuvar en su inscripción.

Con ello se daría certeza jurídica al realizar un contrato sobre la propiedad de la tierra, además de que ayudaría a los principios de máxima transparencia y publicidad en beneficio de los ejidatarios y comuneros.

También se fomentaría el desarrollo social y económico del país, permitiría un mayor control registral y serviría como elemento pleno de prueba en controversias que pudieran surgir. /gh/m