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La diputación del PRI en San Lázaro propuso modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Coordinación Fiscal, para sancionar a todo aquel que haga llamadas falsas a los servicios de emergencia, pues de 90 millones que se hicieron en 2015, 75 por ciento resultaron simuladas. El diputado del Revolucionario Institucional, Tomás Montoya Díaz, manifestó que distraer con este tipo de acciones a los servicios de emergencia, como la Cruz Roja, ocasiona cuantiosas pérdidas económicas y se deja de atender a los que realmente lo necesitan, al incurrir en hechos que se puede calificar de “perversos”. “La iniciativa establece una sanción económica de hasta 500 veces el valor de la unidad de medida, como consecuencia del efecto económico que genera la movilización de unidades de emergencia”, puntualizó. Dijo que una de estas llamadas falsas que, por ejemplo, pone en movimiento a personal de la Benemérita Institución, como médicos, socorristas, empleados y ambulancias, puede ocasionar pérdidas de hasta 40 mil pesos por alerta, además de que ponen en riesgo la integridad física del personal y del parque vehicular. Montoya Díaz insistió en que las falsas llamadas a los servicios de emergencia, provocan pérdidas millonarias para las instituciones, por lo que se hace necesario e impostergable crear una ley que sancione y castigue a esos irresponsables que no miden el daño que hacen con estos hechos totalmente reprobables. En otro tema el legislador propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de que el Estado mexicano garantice el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas y los niños. El objetivo, dijo, es “crear un mecanismo interinstitucional encargado de atender, de manera oficiosa, los casos de asistencia irregular y abandono en la educación básica; la detección de estas anomalías, serán turnadas a la Procuraduría de Protección del Menor, para su investigación, atención y seguimiento de tales casos”. /gh/m |
