La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, reiteró la advertencia que el proyecto de Ley General de Aguas que se analiza en comisiones, retoma la intención del Ejecutivo Federal de privatizar el recurso a través de la figura de las asociaciones público-privadas.

El diputado Rodrigo Abdalá, señaló que el propósito de la propuesta referida, es entregar a empresas privadas el manejo de los proyectos de infraestructura y hasta la disposición del recurso hídrico.

Indicó que el argumento del PRI, las bancadas afines y el Gobierno Federal, es el mismo que aplicó en la Reforma Energética, con el fin de integrar a la iniciativa privada de manera amplia al manejo y disposición del agua.

Abdala Dartigues manifestó que más allá del problema de escasez del recurso hídrico, el Ejecutivo Federal quiere abrir el “negocio” del agua a agentes privados, así como permitir que ese insumo sea utilizado en grandes cantidades, por las empresas y compañías que aplicarán la técnica del fracking para extraer gas y metales.

“Además se plantea que no nada más los privados tengan la infraestructura para llevar el agua, sino el líquido propio, para que de esta manera ellos sean los principales proveedores de los organismos operadores de agua, con el argumento de que son obsoletos”, dijo.

El congresista agregó que el proyecto en cuestión sostiene el argumento de que los organismos operadores de agua en las entidades no son operativos, han incurrido en la corrupción, han sido omisos al tecnificar y modernizar su estructura; aunado a que los institutos en la materia tampoco han cumplido el objetivo de desarrollar investigación y aplicaciones para mejorar el funcionamiento del sector y por ello, se requiere la intervención de la iniciativa privada.

“El gobierno busca causar una mala impresión de los organismos públicos operadores de agua, de que ya es una tecnología obsoleta y que necesitamos tecnología de otros lados”, abundó.

Tras recordar que argumentos similares fueron utilizados para justificar la reforma energética, cuya consecuencia es la inminente quiebra de Pemex, el legislador de izquierda enfatizó que el propósito de la normatividad en cuestión, es entregar a las empresas privadas el manejo del agua en todas sus fases.

Dichos consorcios, abundó, son los mismos que operan como socios de empresas mineras, lo que hace sospechar que el agua en cuestión no será utilizada para consumo humano, sino para los intereses de las empresas con las que mantienen acuerdos comerciales.

Denunció que tan solo en la sierra norte de Puebla, hay 200 proyectos en los que se utilizaría el fracking, para explotar la riqueza del subsuelo, lo que afectará gravemente a las poblaciones aledañas, generará un impacto ambiental negativo con contaminación del suelo y subsuelo, así como la explotación sin control de los recursos naturales.

Enfatizó que mientras en otros países del mundo se está prohibiendo el fracking, por sus efectos negativos en el medio ambiente, la salud de las personas y en materia de disposición de agua, en México esa práctica está siendo alentada desde el Gobierno Federal. ys/m.