En la Cámara de Diputados, se instaló la Subcomisión de Examen Previo, que analizará más de 300 solicitudes de juicio políticos presentados en los últimos 13 años.

Al respecto, la diputada Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación y co-presidenta de dicha instancia legislativa, subrayó que el principal criterio por aplicar en el desahogo de las denuncias presentadas, es impedir que los casos se politicen, en especial por la cercanía de las votaciones del 5 de junio próximo.

Guillén Vicente agregó que el primer acuerdo, el cual fue tomado por la Junta de Coordinación Política, será desahogar los expedientes existentes, tal y como se fueron presentando, es decir, cronológicamente.

“Borda alrededor de que no podemos permitir, y así fue externado por los demás diputados de todas las fuerzas políticas, no podemos permitir que se politicen este tipo de asuntos y menos con épocas cercanas electorales. Entonces aquí la propuesta es ver todo como se debe, conforme a derecho, en un análisis serio; hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que sean vistos de forma ordenada y conforme al orden cronológico en que fueron presentados”, planteó la congresista del PRI.

Enfatizó que cada caso se analizará conforme a los plazos establecidos en la ley y la Subcomisión no emitirá juicios ni sentencias de ningún tipo, pues no tiene facultades de tipo penal, sino que se enfocarán en evaluar si la persona acusada cae en los supuestos que marca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

También se verificará si la conducta tiene que ver con las conductas previstas en el texto legal, como causales de juicio político.

“No somos un órgano de acusación, no hay una sentencia que se emita por parte de esta Subcomisión, es simplemente ver tres cosas muy sencillas: si la persona acusada está dentro de lo señalado por el artículo dos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; es si la conducta o las pruebas que son presentadas tienen que ver con los señalado por el artículo siete, que es ataques contra las instituciones democráticas”, agregó.

Puntualizó que una vez hecho el análisis para determinar si la conducta del personaje coincide con las que se enlistan en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se elaborará un dictamen a enviar a las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, mismas que deberán votar a favor o en contra de que siga adelante el juicio político.

Tras aclarar que los congresistas todavía no tienen claro cuántos expedientes existen, pues la Secretaría General de la Cámara tiene bajo su resguardo las solicitudes acumuladas en los últimos años, la diputada Guillén indicó que en la siguiente sesión de la Subcomisión, se determinará el esquema de trabajo y el mecanismo para revisar todos los documentos presentados.

Aclaró que los integrantes procederán conforme a estricto derecho y no existe ninguna intención de detener o hacer prosperar determinados casos, como el del gobernador de Veracruz, pues el único parámetro a seguir será el de revisar cada solicitud por orden cronológico.

Sin adelantar qué tipo de casos podrían ser desechados, sea porque el plazo para penalizar la conducta irregular de la que se acusa a los involucrados ya venció, es decir, pasó un año después de que dejara el cargo, o porque el señalado falleció, la co-presidenta especificó que por ello se debe evaluar “caso por caso”.

Explicó que si alguna solicitud de juicio político llega a prosperar, en caso de que la Subcomisión encuentre que existen elementos violatorios a los artículos de la Ley de Responsabilidades, será el Pleno de la Cámara el que vote.

Acto seguido, deberá turnar el caso al Senado de la República, que se constituirá como Jurado de Sentencia. Si la resolución es a favor del juicio político, los senadores tendrán que notificar de su decisión a las autoridades correspondientes, para que procedan conforme a derecho.

Detalló que el juicio político procede, cuando un funcionario público incurre en una conducta irregular establecida previamente en la ley y que amerite separarlo del cargo que ocupa, para que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto. ys/m.