El despido de más de tres mil maestros que acumularon cuatro faltas sin justificar, anunciado en días pasados por la Secretaría de Educación Pública, dividió opiniones entre las fracciones parlamentarias de derecha e izquierda en la Cámara de Diputados.

En primera instancia, el coordinador del PAN, Marko Cortés calificó como adecuado el despido de los maestros, principalmente integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; no obstante, consideró que la medida es insuficiente.

Cortés Mendoza lamentó que pese al cese de los profesores disidentes, que siguen oponiéndose a la reforma educativa, ese ordenamiento siga sin reportar los resultados esperados, pues el aprovechamiento de los alumnos no ha mejorado, tampoco la calidad educativa de manera integral ni la profesionalización a fondo de la planta docente.

El líder de los panistas en la Cámara, sentenció que si los profesores de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero se siguen oponiendo a las normas que buscan mejorar la calidad educativa, tardarán más de 10 años en mejorar su aprovechamiento y en alcanzar el nivel de escolaridad de secundaria.

Al manifestar que los avances de la reforma referida son mínimos, pues los alumnos no han mejorado en las materias de matemáticas y español, el congresista exigió a las autoridades federales no ceder a “chantajes”.

Incluso, recomendó tomar “medidas drásticas” para revertir el rezago educativo en los estados donde el nivel de analfabetismo y los más bajos índices de escolaridad son la norma.

Al hacer un análisis sobre “la realidad” de la reforma educativa, el panista dijo que la eficiencia terminal o el número de alumnos que terminan sus estudios no ha mejorado; tampoco se han revertido los niveles de analfabetismo que privan en Guerrero, que mantiene un 12 por ciento; en Chiapas, que tiene 13 por ciento; y en Oaxaca, que reporta 15 por ciento.

Asimismo, persisten las deficiencias en el “logro educativo”, es decir, en el desarrollo de conocimientos y habilidades asociadas a materias como lenguaje y comunicación y matemáticas. Esto, mientras la educación media superior sigue reportando los más altos niveles de deserción escolar.

“El gobierno federal no solamente debe aplicar sanciones laborales, sino que está obligado a mejorar la calidad de la educación y construir un sistema de evaluación más objetivo, equitativo y útil, a fin de que la reforma educativa, que es el proyecto más importante para México, alcance los objetivos esperados”, recalcó Cortés Mendoza.

En contraparte, la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, advirtió que la baja a más de tres mil maestros que acumularon faltas injustificadas, forma parte de una estrategia del Ejecutivo Federal, que no tiene que ver con la calidad educativa, sino con el interés de controlar a la disidencia magisterial.

La diputada Patricia Aceves, refrendó que a consideración de Morena, los despidos tienen como fin restarle fuerza a la disidencia agrupada en la CNTE, con el propósito de ese modo ir hacia la privatización de la educación.

Aceves Pastrana insistió en que los cambios al marco legal en el rubro de la educación son de corte laboral, con el fin de avanzar hacia la privatización de los servicios educativos, comenzando por eliminar a la disidencia magisterial.

Afirmó que al sustituir a 26 mil maestros, tal y como amago el titular de la SEP, el Ejecutivo busca mantener bajo absoluto control al magisterio y evitar que los mentores salgan en defensa de sus derechos.

La diputada integrante de la Comisión de Educación en San Lázaro, aprovechó para criticar el acuerdo establecido entre la SEP y universidades privadas, para que éstas reciban subsidio con recursos públicos y cobren colegiaturas de mil 500 pesos.

Asimismo, sentenció que el gobierno federal muestra un desdén hacia las escuelas normales, con el propósito de hacerlas desaparecer y evitar que los profesores se formen en ese entorno.

También arremetió contra el programa de formación de maestros en línea, al que calificó como “falto de seriedad”, puesto que impulsa que personas sin formación pedagógica sean quienes impartan clases en la educación básica.

Actos seguido, advirtió que dichas decisiones provocarán un mayor conflicto con la disidencia magisterial y el responsable de las consecuencias de ello, remarcó, será el secretario de Educación.

Por su parte, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Alejandro Ojeda, integrante de la bancada del PRD, recalcó que el conflicto magisterial no se resolverá con el despido masivo de maestros inconformes con la reforma educativa.

El legislador de izquierda señaló que por lo anterior, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, debe instalar de inmediato una mesa de diálogo y negociación con los mentores.

Manifestó que las amenazas hacia los maestros de la CNTE muestra la falta de oficio político de capacidad para resolver conflictos, que tienen algunos funcionarios del Gobierno Federal, como el secretario referido.

Ojeda Anguiano, insistió en que el despido de profesores no será suficiente para “desarticular ni doblegar la voluntad de la CNTE”; aunado a que la cerrazón de la SEP, que se niega a escuchar demandas y atender las propuestas del magisterio, complicará la situación.

En términos coloquiales, dijo que el despido de miles de maestros anunciado por la SEP, solo logrará “echarle más gasolina al fuego y no producirá una solución de raíz al problema magisterial”.

Aseveró que mientras el titular de la SEP no escuche a los profesores y no dialogue con ellos, la problemática con la CNTE recrudecerá, pues ha quedado demostrado que la estrategia del castigo y la represión policiaca, no da resultados.

Lamentó que la autoridad federal no tenga capacidad de diálogo y negociación para dar respuesta a las demandas de la CNTE.

“No es de sorprendernos que el problema magisterial siga creciendo, ya que mientras la respuesta a la movilización, siga siendo las amenazas de despidos o la represión, difícilmente se podrá llegar a una solución que responda a las necesidades de mejorar la educación en nuestro país”, planteó el vicepresidente de San Lázaro. ys/m.