El presidente de la Comisi贸n de Puntos Constitucionales, Daniel Ordo帽ez Hern谩ndez, asegur贸 que en el proceso de an谩lisis y dictamen de la iniciativa de reforma al art铆culo 4潞 de la Constituci贸n, en materia de matrimonios igualitarios, el Poder Legislativo no ceder谩 a presiones de 铆ndole religioso o de grupos conservadores que se oponen a este cambio constitucional. El legislador federal coment贸 que la comisi贸n que preside est谩 en proceso de elaboraci贸n del dictamen de la iniciativa e indic贸 que en su momento ser谩 puesto a consideraci贸n del pleno de la comisi贸n para su discusi贸n. Dijo que se prev茅 una intensa discusi贸n porque este tema es pol茅mico, sin embargo, a帽adi贸 que en los hechos este derecho ya es una realidad a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN) declar贸 inconstitucionales los c贸digos civiles de los estados en los que el matrimonio es entendido como la uni贸n entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreaci贸n. "Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreaci贸n constituye una medida no id贸nea para cumplir con la 煤nica finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protecci贸n de la familia como realidad social", resolvi贸 en junio de 2015 la SCJN. A partir de esta resoluci贸n, apunt贸 el diputado, 鈥渁ctualmente nueve estados de la rep煤blica ya modificaron sus respectivas legislaciones locales para que personas del mismo sexo puedan casarse y en el resto de las entidades, las parejas que decidan ejercer este derecho pueden optar por la v铆a legal para hacer valer la resoluci贸n de la Corte鈥. En este sentido, Ordo帽ez Hern谩ndez, quien como presidente de la Comisi贸n de Administraci贸n y Procuraci贸n de Justicia en la IV Legislatura del Distrito Federal (2006-2009), condujo el proceso de dictamen de la Ley de Sociedades de Convivencia que, entre otros aspectos, otorga el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo; record贸 que la Ciudad de M茅xico es pionera en el impulso de este derecho. En este contexto, el diputado lament贸 que 鈥渓a c煤pula de la iglesia cat贸lica se haya puesto a la cabeza de los grupos religiosos y conservadores que se oponen a esta reforma, cuando este asunto es competencia del Estado y busca garantizar un derecho humano鈥. 鈥淟a Iglesia no debe inmiscuirse en asuntos del Estado y en la vida pol铆tica del pa铆s bajo el supuesto de defender visiones morales que ya no obedecen a la realidad social鈥, sentenci贸 Daniel Ordo帽ez. 鈥淣o se trata de apoyar o no la iniciativa del Ejecutivo Federal sino de atender constitucional y legalmente lo que socialmente ya acontece y de hacer valer un derecho individual y de un grupo minoritario鈥, concluy贸. rrg/m |