El diputado Omar Ortega Álvarez condenó el uso desmedido de la fuerza pública en Juchitán y Nochixtlán, Oaxaca, el pasado fin de semana, acto que cobró por lo menos ocho vidas, una de ellas la del periodista Elidio Ramos Zárate, fotorreportero del periódico El Sur, en medio de las protestas contra la Reforma Educativa y la negativa del Gobierno Federal a entablar un diálogo con la disidencia magisterial.

El legislador Ortega Álvarez demandó a las autoridades realizar las investigaciones sobre los asesinatos y las agresiones a la ciudadanía con pleno apego a Derecho para dar con los homicidas y aplicarles todo el peso de la ley.

Exhortó al Gobierno Federal a aceptar la mesa de diálogo con los integrantes de la CNTE y enfatizó que ese recurso es el único instrumento eficaz para lograr acuerdos y evitar cualquier brote de violencia y descomposición social, situación que posteriormente podemos lamentar todos.

El también dirigente del PRD mexiquense señaló que en estos casos no debe caber impunidad de acreditarse el uso excesivo e ilegal de la fuerza pública ni cualquier intento que pretenda instigar la violencia como medio de desestabilización social para desacreditar las demandas magisteriales.

Recordó que eso pasó con el asesinato de estudiantes y civiles en octubre de 1968 y junio de 1971 con el “Batallón Olimpia” y “Los Halcones” en la disputa por la conducción del país y el apoderamiento de sus riquezas, por lo que hoy una situación semejante originada desde el poder no es descartable, sino muy probable.

En Oaxaca, fotografías de elementos policiacos armados y apuntando a la multitud, así como de encapuchados arrojándoles diversos objetos o de personas no identificadas saqueando comercios, refuerzan esta hipótesis. Sobre todo, tras los comunicados oficiales que insistían en que los policías no estaban armados.

“Antes de persistir en sus amenazas contra los maestros, el actual gobierno federal debería practicar algo de autocrítica y aclararse a sí mismo por qué el sistema educativo nacional ni siquiera se ubica en la medianía internacional ni contribuye al abatimiento de la pobreza, sino a su exacerbación”, reiteró.

Hoy, 40 por ciento de escuelas carece de infraestructura –desde agua potable hasta paredes- y el techo de una de cada cinco es lámina de metal o asbesto, una tercera parte de maestros no recibe el programa de estudios al inicio del ciclo escolar y 25 por ciento de directores reportan llegada tardía de libros de texto.

El gobierno del Estado de México, por ejemplo, recibió 787 millones 360 mil pesos en 2014 para el “Programa Escuelas de Tiempo Completo”, pero la educación en la entidad se desplomó y ubicó entre las 10 más rezagadas de todo el país.

Del 100 por ciento de recursos transferidos ese año a la entidad para ese Programa, el gobierno sólo ejerció 289 millones 340 mil pesos y no devolvió los 498 millones restantes ni los cinco millones 790 mil pesos generados por intereses.

A nivel nacional, a este programa se canalizaron 46 mil 467 millones de pesos de 2010 a 2016 para su ejecución, pero igualmente es un fracaso, como lo son también otros programas aplicados durante ésta y otras administraciones.

Es el caso de los programas creados para aprovechar los recursos computacionales que, en los últimos tres lustros, han recibido 59 mil 218 millones de pesos y que han servido, en el mejor de los casos, sólo para comprar “basura tecnológica”, pero no para mejorar el nivel de aprendizaje del alumnado.

En conclusión –afirmó Ortega Álvarez- es claro que la “Reforma Educativa” no ha sido tal ni siquiera en los estados donde se ha aplicado sin oposición, por lo que el Gobierno Federal debe replantearse su viabilidad mediante el diálogo con otros sectores en lugar de pretender la aniquilación de los opositores. rrg/m