Notimex: En el país, 70 por ciento de los jóvenes no tiene acceso a la seguridad social, por lo cual, es primordial impulsar el diseño de políticas y acciones legislativas que permitan que este derecho sea una herramienta de justicia para la juventud.

Así lo manifestó el secretario de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Carlos Lomelí Bolaños quien indicó que sólo tres de cada 10 jóvenes ocupados, de entre 18 y 29 años, cuentan con esta protección.

Hizo notar que la subcontratación denominada “outsourcing”, es uno de los temas pendientes por revisar, ya que esta figura se ha utilizado como una manera para evitar las obligaciones en materia fiscal y de seguridad social, lo que ha afectado los derechos de los trabajadores.

Ante esta situación, comentó en entrevista, que es necesario recabar información que permita analizar las obligaciones patronales y los derechos de los trabajadores que se encuentran bajo esta figura de contratación.

Es indispensable que se cumpla con la normatividad en materia laboral y se garanticen los derechos humanos y de trabajo de los jóvenes, expresó.

Señaló que en los últimos cinco años se ha observado una estabilidad en el mercado laboral para la población joven; no obstante, “es complicado conseguir un trabajo que les brinde seguridad social, lo que también dificulta que empiecen un ahorro para el retiro”.

El legislador por Jalisco informó que según datos de la Encuesta de Trayectorias Laborales 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la edad promedio en la que los mexicanos llegan al mercado laboral es de 20.8 años, aunque en las mujeres es mayor, ya que ingresan a los 22.7 años, mientras que los hombres lo hacen a los 19.9 años.

En este sentido, advirtió que los jóvenes podrían “estar condenados” a bajas pensiones ya que además de ingresar tarde al mercado, no cuentan con un trabajo que les brinde seguridad social.

Aunado a ello, agregó, se observó que de 2010 a 2015 fueron menos las mujeres las que trabajaron en comparación con los hombres, lo que significa que no tienen un acceso a esta prestación y no ahorran para su pensión.

Destacó que entre los factores que afectan a las mujeres se encuentra su edad tardía para laborar; nivel educativo más bajo que los hombres; su duración en el empleo es menor; ingresos inferiores; y les es más difícil encontrar trabajo con seguridad social.

El representante de Movimiento Ciudadano, expuso que las mujeres y los jóvenes son los grupos más vulnerables en materia de pensiones, pues las condiciones del mercado laboral podrían llevar a que al momento de su retiro, su pensión sea muy baja o no accedan a una mínima advirtió.

Indicó que mientras más joven una persona adquiera seguridad social, podrá aumentar su densidad de cotización más rápido, que se refiere al número de semanas que debe lograr para obtener una pensión al concluir su vida laboral.

Por otro lado, precisó que el ingreso promedio es 38 por ciento superior en la formalidad que en la informalidad, con 3.56 salarios mínimos frente a 2.24 salarios, respectivamente, “lo cual muestra otra dimensión de la gravedad del problema”.

Lomelí Bolaños enfatizó en la necesidad de continuar y fortalecer los programas de incentivos para que no haya un abuso en el uso de la figura de “outsourcing”, evitar que se precarice el empleo, sobre todo entre la juventud, e incorporar a más trabajadores a la formalidad, a efecto de garantizar sus derechos laborales.

Se requiere implementar acciones para promover y fortalecer la seguridad social entre los jóvenes, de tal forma que se pueda brindar plena cobertura a este sector de la población que se encuentra hoy en día sin ningún tipo de prestación o beneficio propio en esta materia, puntualizó. dlp/m