El diputado Clemente Castañeda Hoeflich propuso reformar el artÃculo 2 de la Constitución para dotar de personalidad jurÃdica y patrimonio a los pueblos indÃgenas y comunidades, asà como reconocer su libre determinación de autogobernarse y decidir sobre su vida presente y futura. El legislador de Movimiento Ciudadano expuso que la iniciativa de reforma Constitucional busca que los pueblos y comunidades indÃgenas sean reconocidos como sujetos de derecho público, pues en la actualidad, dijo, sólo son entidades de interés público. La iniciativa señala que la federación, estados y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indÃgenas elegidas por las mismas comunidades, como interlocutores para el desarrollo de las funciones de gobierno, explicó. La iniciativa enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, plantea que, en coordinación con autoridades municipales, determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que administrarán para sus fines especÃficos. Además, las comunidades indÃgenas tendrán derecho y obligación de participar en la planeación, programación y evaluación de las polÃticas públicas y programas de gobierno, en coordinación con los funcionarios competentes. El legislador dijo que algunas entidades federativas reconocen a los pueblos y comunidades indÃgenas como sujetos de derecho público, entre ellas: San Luis Potosà y Oaxaca; sin embargo, "aún existe un vacÃo normativo que perjudica la capacidad de ejercer sus derechos". Indicó que concebir a los pueblos indÃgenas como sujetos de derecho implicará que dejen de ser considerados como un objeto pasivo que requiere la atención y el interés de las autoridades públicas para pasar a acceder al ejercicio de sus derechos colectivos. "De esta manera, podrán actuar, decidir y conducirse como pueblos con una personalidad colectiva y con base en sus propias aspiraciones, estructura organizativa y territorial, fortaleciendo asà su identidad y cultura", expuso. Sostuvo que este reconocimiento de las comunidades indÃgenas como sujetos de derecho permitirá que cuenten con instrumentos jurÃdicos necesarios para ejercer plenamente su autonomÃa y sus derechos económicos, sociales y culturales, siendo parte del Estado nación. Al considerarlas como sujetos de derecho se relaciona con el ejercicio democrático del poder, pues podrán participar como iguales e integrantes del Estado con derechos y obligaciones en la construcción de un modelo de vida acorde a sus necesidades, concluyó. /jpc/m |