La pobreza extrema constituye un factor de potencial enganche para la trata, sobre todo de mujeres, señaló la presidenta de la Comisión Especial de Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Julieta Fernández Márquez. Durante las mesas de análisis del foro internacional “La Explotación Sexual: Violación de Derechos Humanos”, consideró insuficiente una ley o una procuraduría para abatir ese acto ilícito, cuyas víctimas desconocen sus derechos y provienen de familias de padres ausentes. Fernández Márquez indicó que se requieren herramientas para sacar a la luz ese fenómeno pues, de lo contrario, los menores serán vulnerables frente a la red criminal que funciona en la oscuridad para llevar a cabo sus actos delincuenciales. Hizo un llamado a los legisladores para terminar con la indiferencia y los invitó a moverse por la compasión y el respeto a las víctimas. “Se deben repensar las estrategias, leyes y acciones que demanda un delito que crece más rápido que las respuestas”, enfatizó. La legisladora priista comentó que 60 por ciento de las mujeres en prostitución fueron agredidas física y sexualmente, mientras que 80 y 90 por ciento sufrieron violencia de sus familiares antes de iniciarse en esa práctica. Asimismo, 68 por ciento presenta estrés postraumático, equiparable al de las víctimas de tortura. Externó que “la prostitución expresa la negación de los derechos y las oportunidades de las mujeres. No es una elección, las obligaron a prostituirse porque era la única manera de sobrevivir”. En su oportunidad la secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del órgano legislativo, Sara Paola Gálico Félix Díaz, planteó que para terminar con la esclavitud del Siglo XXI se requiere la voluntad de los tres órdenes de gobierno y la concientización de la ciudadanía para no ver a esa práctica como algo normal. Se debe dar continuidad al tema de la trata, “tan importante para México” y crear una comisión bicameral para que su seguimiento no termine con una legislatura y empiece al año y medio de la siguiente. La diputada expuso la importancia de hacer alianzas con las procuradurías para construir un puente y sean un refugio canalizador para cuando las autoridades rescaten a una víctima sepan a dónde enviarla. Dilcya García Espinoza de los Monteros, subprocuradora de Atención de los Delitos vinculados a la Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, refirió a su vez que las mujeres se han convertido en objetos de placer, lo que ha permitido la normalización de la venta de su cuerpo. Explicó que el sometimiento de los tratantes a sus víctimas no sólo es físico, sino emocional, pues recurren a las amenazas, y que la estrategia para su combate debe hacerse según el contexto social. Urgió a diseñar mecanismos para reconstruir una conciencia de igualdad y fomentar entre los niños el pensamiento y la edificación social de pleno respeto a la dignidad humana. Patricia Olamendi Torres, directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, estimó que la trata no se podrá combatir mientras no se avance en la igualdad sustantiva y se valore el papel de las mujeres. Expuso que la prostitución es ejercida por cerca de 42 millones de personas en el mundo y que 90 por ciento de ese total depende de un proxeneta. “Si eso no es explotación sexual, cómo podemos llamarla”. Olamendi Torres aseveró que la prostitución y la explotación sexual tienen un componente de género y están arraigadas en costumbres y creencias sobre el papel de inferioridad de las mujeres y su función para satisfacer los deseos sexuales de los hombres. Propuso por ello iniciar un debate sobre el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la responsabilidad de garantizarlos, así como para cuestionar el patriarcado. En el encuentro Melissa Farley, de la organización Prostitution Research Education, de Estados Unidos, afirmó que la prostitución es una forma de “terrorismo multitraumática”, pues causa daño psicológico y físico y deshumaniza a las mujeres que son obligadas a desempeñar servicios sexuales. /gh/m |