Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal para tipificar el delito de usurpación de identidad y establecer sanciones económicas y penas de prisión hasta por seis años a quienes lo cometan.

Con 414 votos a favor se avaló el dictamen que se remitió al Senado de la República para su ratificación.

El documento plantea que cometerá ese delito quien por sí o por interpósita persona, usando medios lícitos o ilícitos, se apodere, apropie, transfiera, utilice, suplante o disponga de datos personales sin permiso de su titular, con fines ilícitos en perjuicio de éste.

Se castigará con hasta seis años de prisión y con 400 a 600 días de multa a quien cometa ese acto ilícito. Esas penas aumentarán hasta en una mitad cuando el ilícito se cometa por un servidor público.

De igual forma, por un trabajador del sistema bancario o por quien se valga de su profesión y/o estudios para ello. Además se prevé la inhabilitación o suspensión para ejercer la profesión o cargo por un tiempo igual a la pena de prisión.

Al argumentar el dictamen que propone adicionar el capítulo VII al título 22 del libro segundo y el Artículo 399 Ter al Código Penal Federal, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia, destacó la necesidad de legislar en la materia.

“Tenemos la oportunidad de actualizarnos para hacer frente de una manera más eficaz a esa conducta que tanto ha lastimado a los mexicanos. Sancionar la usurpación de identidad es prioritario, para castigar a quienes haciendo uso de datos que no les corresponde obtienen beneficios”, señaló.

El diputado priista externó que el derecho a la identidad es un derecho humano y un bien tutelado, así como el reconocimiento a la individualidad de cada persona.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeta de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, a una sociedad y a una familia, condición necesaria para preservar la dignidad colectiva e individual de las personas.

“Sin identidad no hay personalidad jurídica y sin personalidad jurídica no puede existir un ejercicio de nuestros derechos”, enfatizó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“De ahí la importancia de salvaguardar ese reconocimiento. En México la usurpación de identidad va en aumento y según datos del Banco de México nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la comisión de ese delito”, sustentó.

En respuesta a la demanda ciudadana de proteger el derecho de identidad, en la comisión se aprobó de manera unánime ese dictamen que se integró con diversas iniciativas del Partido Verde, PAN y el PRI, por lo que el diputado exhortó al pleno camaral a avalar de igual manera el documento.

“Esas iniciativas son muy claras en su propuesta y de manera general coinciden, pues proponen tipificar el delito de usurpación o robo de identidad, estableciendo sanciones para ese acto delictivo, así como agravantes tratándose de servidores públicos en la aplicación de penas”, explicó.

Al posicionar por fuerza parlamentaria, la diputada priista Gloria Himelda Félix Niebla indicó que actualmente los ladrones ya no sólo buscan robarse una billetera para extraer el dinero, sino que para ellos es mucho más lucrativo apropiarse de las identificaciones, para hacer uso indebido de tarjetas de crédito, de débito y de cheques.

Informó que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los primeros seis meses de este año se han detectado 33 mil casos de robo de identidad, la gran mayoría derivados de engaños a los usuarios.

La Condusef también comunicó que la delincuencia ha obtenido a través del robo de identidad entre mil 500 millones y mil 800 millones de pesos.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) el diputado César Flores Sosa indicó que en la actualidad se hace uso de fotos, datos e información bancaria, que quitan al ciudadano su derecho de identidad e individualidad, además de afectarlo en lo económico y social.

A su vez, el perredista Arturo Santana Alfaro refirió que la usurpación de identidad tiene costos patrimoniales de enorme cuantía y destacó que con esa reforma se dotará a los ministerios públicos de una gran herramienta para investigar esos delitos.

Finalmente la diputada pevemista Lorena Corona Valdés alertó que el delito de robo de identidad creció 141 por ciento de 2014 a 2015, lo que coloca a México a nivel mundial en el octavo lugar en cuanto a la incidencia de ese acto ilícito. /gh/m