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Las diputadas locales y federales, presidentas municipales, síndicas y regidoras acordaron adoptar de manera prioritaria la agenda de igualdad de género y generar una plataforma de empoderamiento de las servidoras públicas. La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro, dijo que las mujeres necesitan voz, a través un marco jurídico que les haga justicia y termine con la violencia que intenta detener su avance en la política. Para lograr la institucionalización de las políticas públicas de igualdad de género, se requiere su incidencia y participación en el poder público, para que se transparente su asignación y se impulse el liderazgo del sector femenino, añadió. Al participar en las conclusiones del primer encuentro de la Conferencia Nacional de Legisladoras, consideró prudente construir agendas legislativas que visibilicen la desigualdad, pobreza, exclusión, falta de acceso a la justicia de las mujeres. Asimismo, que permita armonizar los criterios en los operadores jurídicos del país y, con ello, erradicar cualquier violación a las garantías. En tanto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Diva Hadamira Gastélum Bajo, señaló que el trabajo pendiente en la materia es reformar ordenamientos de partidos, instituciones electorales, y sancionar a quien no dé oportunidad a una mujer de desempeñarse en un cargo público. “Existen hombres que dicen que las mujeres quitamos su territorio, pero que alguien les avise que no era de ellos, que lo tenían prestado e indebidamente usurpado”, comentó. “Las mujeres no debemos de flaquear en nuestro trabajo, es momento de dejar a un lado las demandas y hablar con elementos y ocupar lugares en la mesa de discusión de los grandes temas para la nación”, exhortó. Entre los acuerdos de la Conaleg está institucionalizar las políticas públicas de igualdad, armonizar los marcos normativos para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la inclusión de paridad en las candidaturas a los diversos puestos del poder público. De igual manera, transformar las políticas asistencialistas dirigidas a las mujeres en políticas de empoderamiento económico y desarrollo sostenible; garantizar una vida libre de violencia, el acceso a la justicia y el alcance igualitario de oportunidades. /gh/m |
