La bancada del PRD en la Cámara de Diputados, alertó sobre las inconsistencias y elementos preocupantes que incluye la iniciativa enviada a comisiones del Senado de la República, por la que se expide la Ley General de Biodiversidad (LGB); se modifica la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y se deroga la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

Los perredistas en San Lázaro señalaron que es necesario revisar a fondo dichas propuestas y no apresurar su aprobación.

Puntualizaron que en cuanto a la derogación de la Ley General de Vida Silvestre, lo que se propone es desaparecer la Dirección General de Vida Silvestre, trasladar algunas de sus funciones a otros organismos sin personalidad jurídica; así como ajustar el estatuto legal de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT)

En un pronunciamiento escrito, la fracción coordinada por el diputado Francisco Martínez señaló que antes de tomar una decisión, los senadores deben aclarar el alcance que tienen dichas propuestas de reforma; determinar si se justifica derogar la Ley General de Vida Silvestre, y revisar “sistemáticamente” la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

“La iniciativa incorpora diferentes propósitos, quizá el de mayor trascendencia, es el relacionado con la COP 13 sobre el Convenio de la Diversidad Biológica a celebrarse en Cancún, México, ya que en aras de solventar la falta de avance en la transversalidad del tema de la biodiversidad se propone que con esta ley general se cumpla con el propósito”, apuntaron, tras recordar que dicha reunión iniciará el próximo 4 de diciembre.

Refirieron que el pasado 25 de octubre, las comisiones de Medio Ambiente y Estudios Legislativos del Senado recibieron las iniciativas en cuestión.

En la argumentación, se señala que las normas en materia de biodiversidad están dispersas y se deben adecuar; sin embargo, para algunos especialistas lo único que se requiere es aplicar debidamente la ley vigente.

“No obstante, algunos especialistas han argumentado que para dar cumplimiento a dichos protocolos no es necesario establecer una ley general, sino, aplicar a cabalidad el marco jurídico vigente y revisar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”, refrendaron.

Lo anterior, porque la normatividad a discusión introduce disposiciones cuyos alcances y efectos no están claros; aunado a que el recorte presupuestal que aplicará este 2017, afectará la operación de las instituciones del sector ambiental.

Asimismo, hicieron notar que las iniciativas dicen que se tomó en cuenta la opinión de organizaciones de la sociedad civil, pero no se detalla cuáles; que tiene sustento en entrevistas, estudios y análisis, pero se desconoce quiénes dan testimonio o realizaron evaluaciones al respecto.

Esto, aunado a que organismos de la sociedad civil, universidades, académicos y expertos en la materia han manifestado su preocupación, ante el riesgo de que los senadores avalen los cambios en cuestión sin consultarlos plenamente.

Por ello, los perredistas en San Lázaro pidieron que la norma en cuestión se discuta ampliamente con la sociedad civil, académicos, universidades, diputados federales y funcionarios federales. Solicitaron instalar una mesa de trabajo para evaluar a fondo las propuestas y verificar que cumplan con los convenios suscritos por México en materia de biodiversidad. Incluso, señalaron que de no generar consensos, lo recomendable es que los cambios no se aprueben y en todo caso, las leyes vigentes se apliquen correctamente. ys/m.