La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados se manifestó contra los dictámenes aprobados en comisiones, que respectivamente, reglamentan el artículo 29 constitucional, cuanto a la suspensión de garantías; y expiden la Ley General contra la Tortura.

La diputada Maricela Contreras advirtió que los proyectos aprobados por la mayoría en las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, no atienden las observaciones hechas por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos.

Por su parte, la diputada Cristina Gaytán advirtió que en el caso de la tortura, se establece que los servidores públicos acusados por ese delito no podrán ser inhabilitados ni cesados de inmediato, a menos de que existan pruebas fehacientes en su contra.

En primera instancia, la diputada Contreras Julián criticó el proceso parlamentario, al aseverar que no se atendieron las recomendaciones hechas a México y a los congresistas, por el representante de la ONU en materia de derechos humanos.

Lamentó que los diputados de la mayoría conformada por el PAN y el PRI hayan dejado intacto lo aprobado por los senadores, con lo que las víctimas de tortura seguirán siendo presa de los abusos de policías y servidores públicos.

Señaló que las sanciones contra la tortura no pueden quedarse a medias o “poquito”, y las autoridades involucradas en esa conducta delictiva deben ser sancionados, no tener a su favor “leyes a modo” ni permanecer en la impunidad.

En tanto, la diputada Gaytán Hernández afirmó que abrir resquicios en la ley para que funcionarios públicos sigan cometiendo irregularidades y torturando personas, es condenable. Y si la mayoría en el Congreso no quieren que a nivel internacional se conozca la dimensión de esa problemática en México, deben legislar del modo adecuado.

En cuanto al artículo 29 constitucional y la suspensión de garantías, la también vocera de la fracción parlamentaria del PRD manifestó que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las garantías fundamentales no se pueden suspender, ni siquiera en casos de excepción.

Manifestó que lo aprobado por la Comisión de Derechos Humanos violenta los acuerdos internacionales firmados por México.

A ello, el también perredista Alberto Martínez agregó que en lugar de restringir libertades, los legisladores deberían establecer mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Los perredistas también se inconformaron por el procedimiento empleado para dictaminar, ya que las sesiones de comisiones se realizaron a destiempo, con convocatorias apresuradas, en un momento inoportuno pues la sesión ordinaria en el Pleno estaba en desarrollo y en especial, sin atender los señalamientos de la ONU, que alertó sobre la inclusión de elementos regresivos en los proyectos en cuestión. ys/m.