La Cámara de Diputados cerró el periodo ordinario de sesiones aprobando reformas a las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de armonizar esas normas con las disposiciones en materia de combate a la corrupción.

El proyecto aprobado con votación general de 359 votos a favor, 53 en contra y tres abstenciones, y que será enviado al Senado de la República, establece requisitos específicos para el nombramiento de los consejeros independientes de esas empresas productivas del Estado, así como las normas que regirán a las unidades de responsabilidad de esas empresas.

En el debate, legisladores de todas las bancadas señalaron que se debe poner un freno a la corrupción en el sector energético.

No obstante, integrantes de las bancadas del PRD y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusaron que la reforma en cuestión simulará el combate a ese flagelo, porque deja la puerta abierta a que los llamados “consejeros independientes” tengan vínculos con empresas del sector.

“Se dice que en realidad se está combatiendo a la corrupción y se está fortaleciendo la rendición de cuentas, pero en realidad no, no lo están haciendo, están simulando que lo están haciendo. Cuál es la urgencia de que se le dé el carácter de servidor público, porque de esa manera estaríamos obligando a que se cumplan con todas las disposiciones legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos y en materia de rendición de cuentas”, apuntó el diputado Rodrigo Abdalá, al señalar que los consejeros ciudadanos de Pemex deberían tener estatus de funcionarios públicos.

Subrayó que de lo contrario, el combate a la corrupción en Pemex y CFE quedará “a medias” y se abrirán resquicios a los conflictos de interés.

La normatividad indica que ambas empresas contarán con sus respectivos consejos de administración.

Pone límites a la intervención del Gobierno Federal en la designación de consejeros de Pemex y CFE, al crear la figura de “consejeros independientes”, que deberán cumplir requisitos como no haber sido funcionarios públicos y no tener relaciones comerciales “importantes” con Pemex o sus subsidiarias y filiales; aunado a que tendrán como tarea vigilar y evaluar el desempeño de los consorcios.

La reforma prevé que esas empresas tendrán un “régimen especial” en materia de responsabilidades administrativas; su Consejo de Administración ejercerá las labores de vigilancia y auditoría a través de un “Comité de Auditoría” al que se integrarán los “consejeros independientes” y de una “Auditoría Interna”.

Establece que podrán ser nombrados consejeros independientes de Pemex y CFE personas que hayan tenido relaciones comerciales con éstas apenas un año antes, y hayan tenido ventas o activos y ventas totales por menos del 10 por ciento.

Indica que el director de las empresas se encargará de implementar sistemas para prevenir, identificar y notificar a los organismos correspondientes, las faltas administrativas y actos de corrupción que se cometan en su interior. ys/m.