La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados urgió a aprobar las leyes pendientes en materia de combate a la tortura y desaparición forzada.

El coordinador Francisco Martínez, señaló que ese tipo de prácticas no solo han aumentado, sino que se han generalizado en todo el país, gran parte por la presencia de elementos militares en las calles, lo que ha contribuido a agravar la crisis de derechos humanos que México vive.

Martínez Neri señaló que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura son cada vez más frecuentes y están asociados a factores como los altos índices de inseguridad que se viven en el territorio nacional, la dificultad para acceder a la justicia y el alto grado de impunidad.

El legislador aseveró que la tortura sí es un fenómeno generalizado y complejo que se presenta principalmente cuando las personas son detenidas y puestas a disposición de autoridades judiciales, o bien cuando personas quedan a merced de los grupos delincuenciales organizado.

A ello se suman las crecientes denuncias por abuso en el uso de la fuerza durante manifestaciones y protestas sociales; así como los efectos de la militarización de la seguridad pública, estrategia implementada desde el gobierno del panista Felipe Calderón, a la cual se le dio continuidad en el actual sexenio.

“Más de 32 mil militares aún cumplen tareas propias de corporaciones de seguridad, lamentablemente entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 148 quejas por violaciones atribuibles sólo a las Fuerzas Armadas”, refirió.

Aseveró que dichos argumentos sustentan la petición de aprobar con carácter de urgente los cambios legales necesarios y emitir una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Contar con una norma en esa materia, afirmó, permitirá “distribuir competencias” de manera adecuada; y coordinar acciones en los tres órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Manifestó que las nuevas disposiciones serán efectivas solo si establecen que la persecución de la tortura se hará “de oficio”, es decir, sin necesidad de que se interponga una denuncia, ello, para castigar ese delito de manera amplia e inhibir a quienes incurren en esa conducta.

Reconoció que no será fácil terminar con prácticas “deleznables” profundamente arraigadas en el sistema de impartición de justicia, que son comunes en el actuar de la delincuencia organizada y que también se han incrementado a raíz de la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública.

“Es deber del Estado impulsar políticas de control independiente sobre los órganos encargados de hacer cumplir la ley, revisar periódicamente sus prácticas, así como educar a sus integrantes en la prohibición de la tortura”, dijo. ys/m.