Angélica Melin Campos, reportera: El líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho insistió en que el proyecto de Ley de Seguridad Interior está “muy avanzado” y pese a las posturas en contra, debe avanzar a la brevedad, porque es indispensable.

El legislador también subrayó que su bancada ha propuesto una iniciativa de reforma para sacar la figura del arraigo de la Constitución, cuyo propósito es que el nuevo sistema de justicia penal eche mano de otras medidas cautelares más efectivas, como la prisión preventiva.

En particular sobre seguridad interior, el diputado Camacho Quiroz refrendó que la dictaminación en la Comisión de Gobernación va muy avanzada, pero por tratarse de un asunto sumamente delicado, se harán todos los esfuerzos que sean necesarios para que cuente con el mayor número de votos.

A los señalamientos de grupos parlamentarios como el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en cuanto a que ese proyecto no habrá de avanzar este periodo ordinario y ni siquiera es factible que salga en un periodo extraordinario de sesiones, el líder de los priístas dijo que su posición es respetable, pero no tienen los votos suficientes para sostenerla.

“Siendo respetuoso con quienes tienen puntos de vista distintos, yo diría no representan menos ni más compañeros que agrupan estas fracciones parlamentarios. Por tanto el PRI mantiene su convicción de que es una ley indispensable (…) nos parece inaplazable, pero no vamos a tergiversar el sentido de las cosas o la intención central para expedir esta ley que pretenda alguien en pleno tiempo electoral llevar agua a su molino”, dijo.

Añadió que la intención es que el dictamen esté listo cuanto antes, que cuente con el mayor número de votos posibles y si es necesario, tendrá que salir en un periodo extraordinario.

“Creemos que tiene que salir, no sólo pronto, sino tiene que salir bien. No vamos a apresurar el paso si esto puede poner en riesgo que el proyecto llegue a buen término”, aseveró, al aclarar que si es difícil alcanzar consensos políticos, se actuará por la vía de la votación mayoritaria.

En cuanto al arraigo, indició que sigue inscrito en la Constitución por decisión del Congreso de la Unión, pero ha sido considerado “no convencional”, se contrapone a la reforma aprobada en el 2011 en materia de derechos humanos y ha sido claramente ineficaz.

Afirmó que esa figura no solo le resta prestigio al sistema de justicia mexicano, sino que es claramente ineficaz, pues entre 2008 y 2011, 6 mil 562 personas fueron arraigadas, pero solo poco más del 3.2 por ciento recibieron sentencia condenatoria.

Esto, sin contar que aunado a su falta de utilidad, implicó violaciones a derechos humanos como la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia, aunado a que incrementa el riesgo del arraigado a ser víctima de tortura.

Añadió que esa medida cautelar también está cayendo en desuso, pues en 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) dio cuenta de solo 25 arraigos.

Por ello, subrayó Camacho Quiroz, el PRI propone dar mayor énfasis a la presunción de inocencia, al cumplimiento del derecho al debido proceso e investigaciones más eficientes.

También se plantea echar mano de otro tipo de medidas precautorias y cautelares ordinarias, que pueden restringir la libertad del individuo mientras se investiga, pero sin violentar derechos, apuntó.

Cuestionado respecto a si el PRI pretende allanar el camino a militantes suyos sobre los que pesan acusaciones que los podrían someter al proceso penal, como ex gobernadores, legisladores y otros funcionarios, Camacho Quiroz aseveró que el único mensaje a enviar tiene qué ver con que todo aquel que incurra en un ilícito debe enfrentar a la justicia, pero sus derechos no serán violentados.

Añadió que más que desaparecer el arraigo, el tricolor propone armonizar las leyes en la materia y privilegiar otras medidas cautelares como la prisión preventiva, que no se determina por decisión arbitraria y sin razón alguna, sino que obedece a la orden de un juez.

Afirmó que en el sexenio del Presidente Felipe Calderón siempre se impulsó el arraigo, no por fines políticos, sino como una convicción de que debía mantenerse una figura “dura” contra la criminalidad, pero que es considerada “un lastre”. dlp/m