Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: Mucho se nos dijo que en México la tortura no existía y de pronto se dijo: "Sí, sí existe y hay que hacer algo". Fíjate que en la Cámara de Diputados se aprobó la minuta del Senado que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otro Tratos o Penas crueles Inhumanas o degradantes.

Vamos a conversar con el diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, diputado del PRI. Muchas gracias por conversar esta mañana aquí en Red.

Sergio Sarmiento (SS), conductor: Diputado ¿Cómo está?

Armando Luna Canales (ALC), diputado por el PRI: Muy buenos días, qué gusto saludarlos.

GJH: Igualmente.

SS: Cuéntenos, diputado, a cerca de esta Ley, se nos dijo que no había tortura, pero resulta que sí había ¿Cómo cambia las reglas del juego esta ley?

ALC: Mira, desconozco quién haya dicho que no había, lo que sí puedo decir es que hay una relación histórica de recomendaciones y señalamientos de organismos internacionales, de relatores, de los comités de expertos que a lo largo de los años han pedido al Estado mexicano que hagan varias cosa, entre ellas es la emisión de la nueva Ley de Tortura.

Ahorita, bueno en este momento la tortura se sanciona en el Código Penal Federal y después en el Código Penal de cada estado de manera distinta, con distintas penalidades, con distintos requisitos y finalmente dificultando de esta manera la persecución de este delito.

Finalmente lo que se propone, y es una de las recomendaciones que hacen los organismos internacionales, es una ley general de homologue todas estas disposiciones, que genere un sólo tipo penal que corresponda a los estándares internacionales en la materia y esto, bueno, va a permitir que el delito esté homologado en el país y que permita una persecución una más sencilla.

Por otro lado, también la ley que se aprobó el día de ayer al ser una ley general, pues está realizando* sólo la parte penal, sino tiene una parte muy importante que corresponde a la política en materia de prevención y de erradicación de la tortura, de los tratos inhumanos y de otro tipo de penas, finalmente lo que se busca es eliminar la violencia en todo tipo de investigación.

Y esta política pública se elabora por todas las instancias del Estado mexicano, por los protectores de derechos humanos, por las autoridades federales, por las autoridades locales y esto tiene la intención finalmente de que no sólo se persiga el delito, sino que también haya herramientas para que no se cometa la tortura. Una parte, diría yo indispensable, que creo yo es el mayor logro, de mayor aportación que se hizo en la Cámara de Diputados; fue la eliminación de cualquier validez de las pruebas obtenidas mediante tortura.

Ha habido y existe dentro de la doctrina algunos supuestos, no quisiera entrar a esa tema, creo que es de un altamente técnicos y no creo que arreglen* mucho el problema, lo que sí creo que al permitir que hubiera algunas salvedades para la validez de estas pruebas, pues no dejábamos claro el mensaje de que no queremos tortura, de que no debe existir la tortura y que cualquier prueba derivada de tortura tiene que ser inválida, no debe tener ningún efecto en un procedimiento en un juicio.

SS: Oiga, don Armando, hay un problema que yo he encontrado, que he encontrado en voz de muchos abogados cuando hay una disposición de este tipo y es que se convierte en un proceso tan fácil decir: yo fui torturado para evitar que se apliquen sanciones por secuestro, por no sé, por cualquier otro tipo de delito, que todos los criminales dicen automáticamente; fui torturado y la posibilidad de que salgan libres es enorme.

ALC: Bueno, lo que se hace con esta Ley también es generar reglas claras, primero para la investigación, es bien importante señalar que cuando haya noticia, cuando hay una denuncia, cuando hay una vista por parte de una autoridad judicial el ministerio público tanto local como federal deberá iniciar una investigación y también se le está dando el peso que debe tener una prueba es un el protocolo de Estambul, que es un peritaje que revisan médicos, revisan psicólogos y lo que determinan ellos es del estrés postraumático, esto permite determinar con una certeza enorme si es que una persona, incluso, tiempo después de que haya ocurrido la tortura si fue o no sometida a tortura.

Se establecen los mecanismos para que tanto las comisiones estatales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos practiquen estas pruebas dentro de sus, digamos, de sus actividades para emitir recomendaciones; pero también se establecen los mecanismos para que lo hagan las procuradurías, para que lo hagan los denunciantes y pues bueno, creo que es importante decir que se avanza no sólo en la denuncia y en la persecución de la tortura, sino que también se avanza en la certeza de que se debe dar a la autoridad que investiga un delito o, incluso, la autoridad que es señala por tortura.

Se establecen reglas claras de responsabilidad, de corresponsabilidad, de -digamos- de participación aunque no sea directa y si bien es cierto de estas reglas claras permiten perseguir a un funcionario que ordene la tortura, también es cierto que permiten que no se haga una cacería de brujas cuando algo no esté debidamente acreditado.

GJH: Veía una declaraciones de Luis Raúl González Pérez que veía, decía que se debe reconocer que la tortura sí existe en México, pero hay que atajarla, prevenirla y corregirla. Con esto que están presentando ustedes ¿Esto se va a lograr?

ALC: Pues yo creo que es un paso muy importante, luego tenemos todavía un reto mayúsculo. Yo cementaba ayer en mi intervención ahí en la tribuna que no sólo es un cuerpo de normas jurídicas, no sólo hay derechos y obligaciones, de atribuciones, sino que también es un mensaje, es un mensaje de que en México no queremos tortura, de que el Congreso mexicano, el presidente de la República que es quien inició esta ley, que el Senado y que los diputados no queremos más tortura.

Y le estamos quitando la posibilidad y el incentivo a las autoridades de hacer tortura y estamos evitando que tenga valor aprobatorio, pero también es un mensaje a la ciudadanía, es un mensaje a la comunidad internacional de que estamos en el camino correcto y a la ciudadanía lo ciudadanía lo comentaba yo, porque hay dos encuestas que tuvimos la oportunidad de consultar, encuestas serias; la primera elaborada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la segunda por Amnistía Internacional con datos muy parecidos, pero que señalan que el 30 por ciento de los mexicanos y las mexicanas están de acuerdo en que se practique la tortura, esto es un dato alarmante.

Por otro lado, habla de un 30 por ciento que no está ni a favor, ni en contra; que creo que la indiferencia hacía un delito de este tipo también es un problema muy serio y por otro lado el 29 por ciento es de las personas que están en contra, pero sólo el 5 por ciento de los encuestados están totalmente en contra de la tortura, entonces creo que un mensaje también a todo mundo de que no es una práctica deseable a la ciudadanía, que no puede ser algo tolerable y menos deseable.

Y finalmente, creo que es el país que queremos en el futuro, un país donde haya respeto a los derechos humanos, un país donde no tengamos autoridades que sientan que deben recurrir a la tortura y los mismos ciudadanos que crean que es válido torturar a una persona para esclarecer un delito.

SS: Yo quiero agradecerle, diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros esta mañana.

ALC: Que tengan muy buen día, hasta luego.

GJH: Igualmente, buen día. Duración: 07’ 38” bmj/m