En el marco de la aprobación de las reformas en materia de derechos de las audiencias, organizaciones civiles como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) advirtieron que los cambios en cuestión son un retroceso en la materia.

A nombre de ese organismo, Aleida Calleja, quien también es coordinadora de la plataforma de intercambio y difusión de información Obeservacom, lamentó que “de un plumazo” la reforma le quite capacidades al IFT, lo que podría generar una dinámica de control de contenidos discrecional por parte del Ejecutivo Federal, lo que llevará al país a “los viejos tiempos”.

Advirtió que el proyecto se aprobó “a modo” de los concesionarios de los medios masivos y le quita los “dientes” al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para trasladar al Ejecutivo Federal la tutela de los derechos de las audiencias.

Entre otras preocupaciones generadas por el dictamen presentado por el vicecoordinador del PAN, Federico Döring, al que identificó como el “diputado Televisa”, dijo que el argumento de que promueve la libertad de expresión es una “falacia”.

Nada tiene que ver con la libertad de expresión, atajó, pues en realidad defiende intereses económicos. Por ello, llamó directamente al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, a que no intercambie los derechos de las audiencias por favores de las televisoras.

Aseveró que los líderes de los partidos mayoritarios están imponiendo nuevamente, como hicieron en el 2006 con la “Ley Televisa”, disposiciones favorables por completo a los empresarios del ramo, y normas que legalizarán el engaño a las audiencias al transmitir promocionales pagados, como si fuesen información.

El ex consejero electoral, Alfredo Figueroa catalogó la normatividad como una regresión y acusó que detrás de la misma están los intereses de los grandes medios de comunicación, que entre otros beneficios, quieren seguir presentando propaganda como si fuera información y “chantajeando” a los políticos con ello.

Manifestó que la reforma tiene claros fines electorales y políticos, por lo que revive la dinámica del intercambio de favores políticos por espacios en medios masivos.

Gabriel Sosa Plata, especialista en medios de comunicación subrayó que entre las inconformidades con la reforma aprobada por los diputados, está en que permitirá que los defensores de las audiencias estén “a modo” del concesionario, por lo que no tendrán capacidad para defender al público; aunado a que dejarán todo a la “autorregulación”.

En su oportunidad, el diputado perredista Guadalupe Acosta, dijo que la reforma en lugar de regular los derechos de las audiencias, multiplica los beneficios a los concesionarios, porque fue elaborada por “los poderes fácticos” del país. ys/m.