El asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez es fruto de las omisiones y negligencia del Estado mexicano, lamentó el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda.

Dicho crimen, recalcó el legislador del PRD, representa un nuevo llamado de atención a los diputados federales para aprobar la minuta del Senado de la República en materia de desaparición forzada de personas.

Ojeda Anguiano señaló que el Congreso de la Unión condena enérgicamente el crimen contra Rodríguez Martínez, asesinada en las inmediaciones de su hogar, en San Fernando, Tamaulipas.

Recriminó que las autoridades nunca hayan dado garantías de seguridad ni atendido las peticiones de apoyo para quien en su momento denunció que había amenazas de muerte en su contra, por haber emprendido la búsqueda de su hija Karen Alejandra Salinas, secuestrada desde el 2012 y cuyo cuerpo fue localizado dos años después en una fosa clandestina.

Ese caso refleja la realidad de las víctimas del delito y la inseguridad en el país, que ante las omisiones de la autoridad, se han visto obligadas a arriesgar su integridad y su vida al investigar por su cuenta y a enfrentar sin protección alguna a grupos criminales y autoridades que en algunos casos están coludidas, apuntó el legislador.

Ante esas circunstancias, apuntó, de poco servirá las instrucciones de la Secretaría de Gobernación para que personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos se acerque a los familiares de la víctima.

“Después del niño ahogado, quieren tapar el pozo”, recriminó.

Lo anterior, insistió, debería mover a sus compañeros en San Lázaro a aprobar la minuta del Senado referente a la Ley General de Desapariciones Forzadas, a fin de establecer de inmediato protocolos de actuación que obliguen a realizar investigaciones oportunas y eficientes en caso de desaparición; así como a proteger adecuadamente a sus familiares.

En ello coincidió la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social en la Cámara, la cual se sumó a los llamados a convocar un periodo extraordinario a fin de aprobar las reformas pendientes en materia de seguridad.

El coordinador Alejandro González señaló que el caso de Miriam Rodríguez, así como el del enfrentamiento violento entre ladrones de combustibles o huachicoleros y elementos militares en Palmarito, Puebla, requieren de la intervención inmediata del Legislativo.

González Murillo se pronunció a favor de avalar una Ley de Seguridad Interior por consenso y sin que ello implique “militarizar” al país; así como a tomar una decisión respecto al Mando Mixto o Mando Único Policial.

Asimismo, pidió que las fracciones parlamentarias dejen a un lado sus los intereses electorales y la “ceguera política”, a fin de sacar adelante los cambios urgentes, antes de que empeore la grave situación de inseguridad que viven los mexicanos., empeore.

El también integrante de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión advirtió que si los grupos parlamentarios y sus partidos no se deciden a legislar en los temas referidos y mantienen la atención como hasta ahora, en los asuntos “electoreros”, serán cómplices de no haber actuado a tiempo. ys/m.