|
El diputado Christian Joaqu铆n S谩nchez S谩nchez impulsa un punto de acuerdo para reforzar la protecci贸n para jueces y magistrados federales que resuelven temas relacionados con la delincuencia organizada y el narcotr谩fico, a fin de garantizar su integridad f铆sica y la de sus familias. El legislador priista refiri贸 que las amenazas, agresiones y ataques directos son fen贸menos cada vez m谩s comunes para impartidores de justicia en el pa铆s, sobre todo cuando se trata de casos vinculados con grupos criminales. La labor de un juez, se帽al贸 en un comunicado, es de las actividades profesionales de m谩s riesgo debido a que sus decisiones afectan intereses al fincar responsabilidades y derechos con sus sentencias. Expuso que de acuerdo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n, Luis Mar铆a Aguilar Morales, la protecci贸n cuenta con apoyo y colaboraci贸n de la Secretar铆a de Gobernaci贸n, Polic铆a Federal, Ej茅rcito Mexicano y Marina Armada de M茅xico, as铆 como de la polic铆a capitalina, esto 煤ltimo para jueces que radican en la Ciudad de M茅xico. El Gobierno Federal, explic贸, ha impulsado estrategias para garantizar la integridad de los servidores p煤blicos del Poder Judicial; sin embargo, 鈥渟e ha detectado que algunos impartidores de justicia tienen que renunciar al proceso o actuar en favor de alg煤n grupo delincuencial o l铆deres". S谩nchez S谩nchez detall贸 que en el pa铆s hay unos mil 403 jueces y magistrados, s贸lo 79 cuentan con alguna medida de protecci贸n, derivado de alguno de los fallos o asuntos que se encuentran resolviendo. Precis贸 que el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado una serie de medidas, aunque la mayor铆a de los funcionarios que tienen una protecci贸n est谩n en juzgados ubicados en penales federales y entidades con presencia del crimen organizado. Desde 2014, resalt贸, el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto en marcha un protocolo de seguridad dirigido a jueces, por lo que a algunos de ellos se les ha provisto de veh铆culos blindados, escoltas, chalecos protectores y radios de comunicaci贸n. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes pues la gran mayor铆a no tiene acceso a ellas, a diferencia de Espa帽a, Colombia y Estados Unidos, donde se ofrece una protecci贸n pr谩cticamente generalizada. El diputado consider贸 que las medidas de protecci贸n permitir谩n que lleven a cabo sus actividades de forma segura, imparcial, objetiva y sin interferencias al debido proceso; son una inversi贸n para el Estado de derecho. Por ello, consider贸 urgente que se contemple seguridad personal, en algunos casos una evacuaci贸n, reubicaci贸n temporal, escoltas de cuerpos especializados, protecciones a inmuebles, as铆 como todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los impartidores de justicia. bmj/m |
