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Tania Rosas y Vanessa Alemán, reporteras: Diputados del PRI alertaron de 300 personas, distribuidas en 21 embarcaciones de la empresa Oceanografía, que podrían ser víctimas de trata con fines de explotación laboral, esclavitud y trabajo forzado. En 2014, con la investigación por fraude a la empresa Oceanografía, la Procuraduría General de la República le congeló 21 embarcaciones a la empresa en el Puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) quedó a cargo de la flota. Para mantener la flota en operación y garantizar su seguridad y la de las instalaciones portuarias y petroleras de costa y mar adentro, el SAE contrató a 300 trabajadores entre capitanes, patrones y tripulación para 21 embarcaciones, pero en abril de 2017, al haberse cerrado la indagatoria, la PGR desaseguró los bienes y el SAE abandonó la administración de las embarcaciones. Desde entonces, la empresa no se ha hecho cargo de la responsabilidad y ha generado una grave situación de crisis de seguridad nacional en toda la zona, y de crisis humanitaria a bordo de las embarcaciones”, declararon diputados del PRI encabezados por la presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas, Julieta Fernández. Pero los trabajadores tampoco pueden abandonar las embarcaciones, aseguraron, porque la ley les ordena a permanecer ahí por seguridad nacional. La situación ya es parte de una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche, por ello, los diputados priistas presentaron un punto de acuerdo para que la CNDH atraiga la investigación, para que la PGR atraiga las denuncias que se han presentado por trata de personas, para que la Secretaría del Trabajo promueva las diligencias para que se efectúe el pago de salarios vencidos y para que el SAE garantice las condiciones de seguridad de los trabajadores antes de abandonar la administración de las embarcaciones. dlp/m |
