El diputado priista, Víctor Manuel Giorgana Jiménez planteó que los gobiernos estatales destinen más recursos para fortalecer las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, a fin de que cumplan sus atribuciones.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Justicia, argumentó que las citadas unidades son uno de los eslabones más débiles del sistema penal acusatorio, en virtud de que se encargan de elaborar los informes de riesgo de los imputados para determinar la prisión preventiva.

Así como supervisar las medidas cautelares dictadas por el juez, y requieren mayor atención por parte de las entidades federativas.

Indicó que estas unidades son clave, ya que emiten un dictamen técnico sobre el riesgo de una persona, “que es un elemento prioritario para que el juez decida si debe permanecer en prisión”.

Las unidades cuentan con especialistas encargados de realizar el perfil de la persona imputada, atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso.

Además, son responsables de vigilar el funcionamiento de las medidas cautelares y, si el caso lo amerita, solicitar que sean fortalecidas o revocadas. Incluso puede revisar la localización de la persona procesada, ya sea con visitas o entrevistas sorpresa, o con el monitoreo de los brazaletes, si es el caso.

También pueden ordenar, cuando así lo determinen, pruebas físicas a las personas que tengan una medida cautelar, para ver si han ingerido alcohol o drogas, así como vigilar que las autoridades responsables de aplicar una medida cautelar, como por ejemplo la policía de la Procuraduría General de la República, estén cumpliendo con la aplicación correcta de esta facultad.

Giorgana Jiménez agregó que, de acuerdo con un diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las 32 entidades sólo tres (Querétaro, Morelos y Guanajuato) cuentan con unidades en condiciones intermedias u óptimas.

Expresó que el SESNSP reveló que en uno de cada tres casos las unidades no están realizando la función, porque no tienen equipamiento ni personal y en uno de cada tres casos los imputados no cumplen con la medida cautelar impuesta.

Mencionó que durante el Congreso Internacional “Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia”, el Secretariado Ejecutivo informó que este año se invertirán 36.2 millones de pesos de recursos federales, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para fortalecer y consolidar las unidades. /jpc/m