La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados acusó al Gobierno Federal de proteger por todas las vías a su alcance, uno de los más notorios casos de corrupción en el país, el de la empresa Odebrecht y el pago de sobornos a algunos ex funcionarios de la presente administración.

Los diputados Julio Saldaña y Hugo Eduardo Martínez se pronunciaron a favor de reformar la Ley de Fiscalización, para que los ciudadanos puedan demandar con mayor facilidad rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos y los actos de funcionarios de gobierno.

En particular, el diputado Saldaña Morán calificó como indignante y vergonzoso, que en otras naciones se esté aplicando la ley a los involucrados con Odebrecht, incluso al más alto nivel, mientras que en México, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han hecho lo posible por no aplicar las responsabilidades del caso y reservar la información del mismo.

Lo anterior, tras recordar que en noviembre del año pasado, el INAI determinó que la información sobre la compra irregular de empresas “chatarra” como Agro Nitrogenados, avalada por el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, a quien se vincula al pago de sobornos de la polémica constructora brasileña.

Recalcó que los ciudadanos y la oposición no deben dar marcha atrás a la exigencia de sancionar las conductas señaladas.

En tanto, el diputado Martínez Padilla, indicó que con ajustes a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ciudadanía tendría mayor margen de acción y capacidad para demandar respuestas de sus gobernantes.

Indicó que pese a los esfuerzos de esclarecer el uso de los recursos públicos, a través de instancias como la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en México persisten obstáculos y elementos que impiden la rendición de cuentas y la fiscalización integral.

Indicó que actualmente, como hace décadas, las denuncias por un uso irregular del presupuesto, así como por la actuación deficiente de los servidores públicos, se quedan en el ámbito de los órganos internos de control de las instancias auditadas, es decir, que el presunto infractor debe aplicarse la ley a sí mismo, lo que hace inoperante la vigilancia y la transparencia.

Por ello, indicó, son necesarias reformas para que la ciudadanía pueda exigir rendición de cuentas en términos reales, así como evaluar el desempeño de los funcionarios púbicos en los tres órdenes de gobierno, a fin de superar las insuficiencias que presenta el sistema de fiscalización vigente. /lgg/m