Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admiti贸 hoy a tr谩mite tres acciones de inconstitucionalidad que buscan la invalidez total de la Ley General de Comunicaci贸n Social, conocida como "ley chayote", pero rechaz贸 suspenderla.

El Ministro Fernando Franco admiti贸 demandas promovidas por la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos, por un grupo de senadores, y por el partido Movimiento Ciudadano (MC), y emplaz贸 al Ejecutivo y al Congreso para que rindan informes en 15 d铆as h谩biles.

Los inconformes alegan que la ley, emitida por el Congreso para acatar una sentencia de amparo dictada por la Corte en 2017, sigue dejando en manos del Ejecutivo los lineamientos y reglas para contratar propaganda en medios de comunicaci贸n.

Si bien los senadores pidieron a la Corte suspender la ley, los Ministros instructores est谩n impedidos para decretar esa medida cuando se impugnan normas generales.

Franco tambi茅n consider贸 que el tr谩mite de las acciones no recibir谩 la atenci贸n prioritaria reservada para asuntos en materia electoral, como pidi贸 MC, que como partido pol铆tico solo puede impugnar leyes en dicha materia.

"El Ministro instructor que suscribe considera que, en el caso, el procedimiento debe tramitarse conforme a los plazos que la ley prev茅 para la substanciaci贸n de acciones de inconstitucionalidad que no versan sobre materia electoral", resolvi贸 Franco.

Por tanto, lo m谩s probable es que la Corte no resolver谩 el asunto este a帽o, y la ley impugnada estar谩 vigente para normar las decisiones de comunicaci贸n social de la nueva administraci贸n, que inicia funciones el 1 de diciembre.

Para invalidar toda la ley, o algunos art铆culos, ser谩 necesario el voto de al menos ocho de los 11 Ministros de la Corte, que para cuando se discuta el tema, podr铆a tener dos nuevos integrantes, ante los retiros de Jos茅 Ram贸n Coss铆o, en noviembre, y Margarita Luna, en febrero.

"Es innegable que la norma impugnada pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresi贸n, pues da pauta a que de forma discrecional, las autoridades establezcan los criterios y lineamientos, de asignaci贸n de publicidad oficial", afirm贸 la CNDH en su demanda.

"Es decir, la ley perpet煤a el estado de cosas inconstitucional identificado por la Corte, lo cual tambi茅n tiene un efecto disuasivo en el ejercicio de la libertad de expresi贸n de los medios de comunicaci贸n, toda vez que las afectaciones financieras que sufren los medios cr铆ticos pueden llevar a los dem谩s a adoptar posiciones deferentes con el gobierno para no perder recursos".

La Primera Sala de la Corte concedi贸 el amparo en este caso, porque el Congreso llevaba casi cuatro a帽os sin cumplir el mandato de la reforma Constitucional de 2014 para legislar sobre propaganda del Gobierno.

En esa sentencia, la Corte aclar贸 que los medios no tienen derecho Constitucional a recibir dinero p煤blico, pero que la Carta Magna s铆 exige que el ejercicio de estos recursos no afecte la libre expresi贸n y est茅 sujeto a reglas claras. /gh/m