Roberto Garduño, reportero: El Programa Especial Concurrente (PEC), implementado para impulsar la producción agrícola en las zonas campesinas e indígenas, no ha aportado beneficios al sector marginado del país, y su valor presupuestal que ronda en los 334 mil millones de pesos al año se diluye en acciones que carecen de metas cuantificables.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados considera que en torno al PEC se concentran demasiados programas, con beneficiarios que en muchos casos resultan inexistentes, y ajenos a una instancia rectora que dirija una estrategia única del desarrollo del medio rural.

“Carece de metas físicas cuantificables, lo que impide medir avances; existen programas, sub programas y componentes con actividades que a veces se duplican, e incluso se contraponen, y su prioridad son los programas sociales sobre los productivos”.

El centro de estudios cameral sostiene que el PEC, instrumentado desde el 2003, poco incide en el desarrollo del sector agropecuario, mismo que continúa estancado, con bajas tasas de productividad y reducidos niveles en la calidad de vida de sus habitantes, lo que genera pobreza y marginalidad en todas las regiones del país.

Así, el PEC no ha aportado valores de crecimiento en el sector indígena, cuyas comunidades representan aproximadamente el 21.7 por ciento de la población nacional.

La incapacidad del PEC y sus programas transversales, se manifiesta también en la caída de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para las actividades que este implica.

En 2012 el Poder Legislativo le asignó al Programa Especial Concurrente 390 mil 365 millones de pesos, y al 2018 la inversión gubernamental manifestaba una caída notable con 334 mil 314 millones de pesos. En seis años la reducción sumaba 56 mil 51 millones de pesos.

En 2018, el 26.1 por ciento del total de los recursos aprobados al PEC se etiquetaba a la competitividad, y el 16.3 en el desarrollo social.

El cambio que se ha dejado ver en el PEC se concentra precisamente en esta dualidad. Ahora sólo el 15.9 por ciento de sus recursos se invierten en competitividad, y el 30.7 por ciento en programas y ayudas sociales.

“De acuerdo con el INEGI, en 2016, el 23.2 por ciento de la población residía en comunidades rurales, prácticamente la cuarta parte de la población total, y el 76.8 por ciento en áreas urbanas. No obstante, el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario represento el 3.2 por ciento de ese índice total, proporción que no ha variado desde 2008”.

Con información de la FAO y la Sagarpa, el centro de estudios legislativo da cuenta de los bajos niveles de capitalización de las Unidades Económicas rurales (UER) “problema que afecta al 29.6 por ciento de las 5.4 millones de UER contabilizadas en el país, las cuales no cuentan con activos a productivos y que corresponden especialmente al estratos E1 y E29, relacionados con actividades agropecuarias de subsistencia”.

Tal carencia afecta de manera directa a la productividad de las UER, ocasionando con ello un bajo crecimiento del sector primario, y dando como resultado una insuficiente producción de alimentos para la población del país.

Ante esto, el escenario se complica por el estancamiento económico del sector primario, una vez que entre 2008 y 2017 el PIB agropecuario creció en un promedio anual de 2.1 por ciento, en tanto que la población se incrementó en 1 por ciento y la productividad se desarrolló apenas 1.1 por ciento. dlp/m