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La diputada Martha Julisa Bojórquez Castillo, del PRI, impulsa una iniciativa para expedir la Ley que crea el Instituto Nacional de Identificación Personal, y garantice la seguridad de la información mediante la homologación de procedimientos y controles, que impida manipular las bases de datos. Con la norma, los ciudadanos tendrían la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Identidad y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana, para que las actividades del Registro Civil no se vean solamente desde la perspectiva individual de las personas, sino ampliarse y dimensionarse como parte fundamental de la seguridad nacional. En dicho registro se inscribirán y registrarán los datos de identificación personal y biométricos de los mexicanos por nacimiento o naturalización y extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana, que incluirá la información de nacimiento y defunción que proporcionen al Instituto los registros civiles estatales. La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos los siguientes datos: apellidos paterno y materno, y nombre (s); Clave Única de Registro de Identidad; fotografía del titular; lugar y fecha de nacimiento; firma y huella dactilar, y datos biométricos. Respecto a esta última información, la iniciativa destaca en el artículo 38 que son los parámetros físicos únicos de cada persona mediante los cuales se puede comprobar su identidad como la huella dactilar, iris del ojo, palma de la mano, voz y rasgos del rostro. “La información biométrica que obtenga el Instituto será considerada como de seguridad nacional, por lo que su uso indebido o ilegal será sancionado con base en esa materia”, resalta. La propuesta presentada ante la Permanente y remitida a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para dictamen, precisa que las dependencias y entidades de la administración pública federal, y demás entes públicos que administren entre sus archivos información biométrica, deberán remitirla al Instituto con la periodicidad que señale el reglamento de la presente ley. La también secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, argumentó que la diversidad y ausencia de procedimientos en algunos casos, en los registros civiles estatales, así como diferencias presupuestales asignadas a esta función, provocan que los ciudadanos enfrenten dificultades para ejercer de manera plena su derecho a la identidad. bmj/m |
