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La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados propuso emitir una Ley General de los Derechos de los Jóvenes, que establezca condiciones de igualdad, acceso a políticas públicas y respeto a sus garantías. La iniciativa del diputado Jesús Fernando García, recuerda que en México existen 37.5 millones de personas de entre 12 y 29 años, lo que representa el 30 por ciento total de la población, lo anterior, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El texto indica que es necesario garantizar los derechos de la juventud a la salud, educación, empleo, recreación, de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, y su inclusión en la toma de decisiones. El congresista consideró que la población joven del país, la cual se estima es la más numerosa de la historia, requiere de políticas públicas que permitan revertir deficiencias, rezagos, y favorecer el acceso a servicios suficientes que cubran sus necesidades. Prevé reconocer a ese sector de la población como un actor estratégico en el desarrollo del país. Contempla garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública; al igual que mecanismos de acceso a la justicia. Propone generar condiciones para los jóvenes migrantes, que contarán con espacios de alojamiento y albergues adecuados; aunado a que reforzará el respeto al derecho a la familia, para que los niños o jóvenes migrantes no sean separados de sus padres. Señala que México deberá velar por el trato digno a los jóvenes y niños migrantes, por lo que la autoridad tendrá prohibido expulsar, deportar, devolver, o rechazar en la frontera, o no admitir el ingreso de jóvenes, cuando su vida o seguridad estén en peligro a causa de persecución o amenaza. Añade que promoverá un sistema de justicia adecuado, con códigos y leyes específicas, así como la creación de instituciones y autoridades destinadas al tratamiento de jóvenes infractores. Las sanciones para los jóvenes que incurran en delitos, añade la propuesta, tendrán como ejes rectores el cuidado, la orientación, supervisión, asesoramiento, libertad vigilada, colocación en hogares “de guarda”, programas de reinserción a través de la enseñanza y formación profesional, así como otras alternativas que permitan reintegrar socialmente al involucrado. /jpc/m |
