Angélica Melin Campos, reportera: En la Cámara de Diputados, la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal, legisladores y especialistas, acordaron ampliar la fase de análisis y enriquecimiento de la iniciativa de reforma, cuyo fin es ponerle fin al problema de las “empresas fantasma” que simulan operaciones comerciales y emiten comprobantes fiscales falsos.

El propósito de la propuesta anunciada por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicaron, es catalogar la emisión de facturas falsas como delincuencia organizada.

También se planteará que las penas contra esa práctica, actualmente de tres meses a seis años, se eleven de dos y hasta 10 años de cárcel.

“La importancia también de penalmente perseguir a estos factureros falsos, a estas empresas falsas como lo que son, redes delincuenciales organizadas que además utilizan como accionistas a prestanombres, que el delito pase, además de incrementar su penalidad, actualmente de tres meses a seis años, que pase de dos años a 10 años, pase a la modalidad de delincuencia organizada, con lo cual se convierte en un delito grave que amerita prisión corporal preventiva”, recalcó Bernal Ladrón de Guevara.

Acompañada por el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, la funcionaria reconoció que hasta el momento las autoridades han sido omisas en atender el problema al que urge ponerle freno, ya que implica pérdidas económicas millonarias no solo para el sector privado, sino público.

“Hablar de aproximadamente cinco puntos del Producto Interno Bruto, tan solo en lo que se refiere a evasión fiscal es un daño muy grande para las finanzas nacionales. Pero todavía no contabilizamos el robo del presupuesto, si el sector público, secretarios de estado, gobernadores, algunos funcionarios de universidades, representan casi el 70 por ciento de la facturación falsa, ellos lo que están haciendo es robarse el dinero de los contribuyentes”, sentenció Ramírez Cuéllar.

Tras reunirse en el Palacio Legislativo de San Lázaro con empresarios y representantes del sector privado, acordaron ampliar el periodo de análisis de la iniciativa que implica cambios a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Señalaron que la propuesta será analizada con mayor detenimiento y en conjunto con los actores económicos para enriquecerla y atender las inquietudes del sector privado.

“Si tú como persona moral, contratas una prestación de servicios, vas a tener que retener el IVA que te cargue el prestador de servicios, te va a cargar 16 por ciento. De ese 16 por ciento, tú vas a tener que retener el 10 por ciento del IVA y el 10 por ciento del Impuesto Sobre la Renta”, dijo la funcionaria.

“Para no perjudicar al empresario mexicano con el pago de impuestos, si eres una prestadora de servicios real, no te van a pagar el IVA, te van a pagar nada más una tercera parte del IVA, pero la otra parte del IVA tú la vas a poder acreditar contra cualquier impuesto a tu cargo o incluso contra retenciones a terceros, como puede ser a tus propios trabajadores”, añadió la funcionaria federal.

En el encuentro, empresarios invitados manifestaron sus dudas respecto a los “daños colaterales” que el ordenamiento pudiera generar en la retención y acreditación de impuestos de quienes operan de manera formal y establecida.

También demandaron una devolución de impuestos pronta y oportuna; y pidieron implementar “con cuidado” la reforma en cuestión, para no generar mayores cargas administrativas y financieras a quienes trabajan de manera legal. dlp/m