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La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados analizará prohibir que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores venda la cartera vencida y subcontrate compañías de cobranza. El priista Rubén Moreira Valdez planteó necesidad de que el Infonavit no ceda, enajene o transfiera a personas físicas o morales, ajenas a este organismo, los créditos otorgados o subcontrate a empresas para realizar requerimientos o acuerdos a su nombre. La iniciativa que adiciona tres párrafos al Artículo 71 de la Ley del instituto, pretende que la cobranza de los créditos vencidos o que presenten retrasos sea ejecutada directamente por el Infonavit y que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos de los titulares. Refiere que cada año esa institución otorga más de 600 mil créditos, con una inversión de más de 200 mil millones de pesos, y de acuerdo con datos del propio organismo la cartera vencida asciende a 105 mil 864.28 millones de pesos. El documento, remitido a la Comisión de Vivienda para su dictamen, señala que la venta de cartera vencida a personas físicas o morales representa un importante perjuicio para las y los trabajadores. Ante la falta de pago, o derivado de la cancelación de un crédito, refiere, las empresas que compran la cartera vencida utilizan mecanismos extrajudiciales e, incluso, simulación de actos jurídicos por medio de falsas notificaciones de embargo, que buscan hacer las veces de requerimientos de pago, “lo cual pone en riesgo no sólo el patrimonio, sino la dignidad de las personas”. Además, indica que el Consejo de Administración del Instituto no tiene facultades para ordenar la venta de los créditos de la cartera vencida, pues el Artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política, reserva a la Ley del Infonavit la materia de financiamiento para la vivienda, que incluye las políticas de otorgamiento y de recuperación de adeudos. “Es fundamental que el Infonavit no desvirtúe el objetivo con el que fue creado y privilegie que las y los trabajadores conserven su patrimonio familiar, toda vez que esta institución no fue concebida como un negocio, sino como una prestación que es un derecho de toda persona”. Las adiciones propuestas establecen que el esquema de cobranza que apruebe el Consejo de Administración del Infonavit deberá ser ejecutado directamente por el instituto, vigilando en todo momento que se respeten los derechos humanos de los trabajadores. /jpc/m |
