En la Cámara de Diputados, integrantes de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y personajes como el padre Alejandro Solalinde, se pronunciaron a favor de crear de inmediato la Comisión de la Verdad, que permita atender problemáticas como la de fabricación de culpables, y las demandas de justicia por parte de las víctimas.

Durante un foro temático organizado en el recinto parlamentario, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, el padre Solalinde e invitados como el periodista José Reveles, subrayaron que la fabricación de culpables en México es un fenómeno común que debe terminar.

“Y no podemos hacerlo solos, vamos a necesitar del concurso, de la ayuda de todos, para que nos asesoren, para que nos diga qué hacer, para que conformemos esta Comisión que ahora mismo deberíamos de empezar a dar inaugurada, con los aquí presentes, formalicemos la Comisión de la Verdad, pero aquí que del dicho y la acción”, planteó la diputada Huerta del Río.

Esa práctica ilícita involucra no sólo a delincuentes, sino a autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuerpos policiacos, representantes del Poder Judicial en incluso integrantes de asociaciones y organizaciones sociales, que durante años acompañaron a un Estado que optó por el terror social, la tortura y las amenazas para acallar las demandas de justicia, recriminaron.

En particular, Reveles afirmó que no hay otro modo de dar respuesta a la sociedad ni de serenar al país, que revertir el clima de violencia generado y permitido por las administraciones del PAN y el PRI.

Refirió que el país en los últimos tres sexenios se han registrado 250 mil homicidios dolosos, en su mayoría sin resolver.

A ello se suman “deplorables espectáculos”, como el de los 500 cadáveres acumulados en camiones frigoríficos en estados como el de Jalisco, esto por falta de capacidad en los servicios forenses, y de las autoridades, en resolver los asesinatos de personas, desapariciones incluso atender los fallecimientos por diversas causas, dijo.

Añadió que en el abandonó también están los familiares de más de 38 mil personas desaparecidas, reconocidos por el propio gobierno y que podrían ser el doble, de acuerdo a las cifras negras.

Todo lo anterior refleja la incapacidad de las autoridades para registrar debidamente la ocurrencia de ese delito de lesa humanidad.

Reveles indicó que ante esos hechos, la creación de una ley en materia de desapariciones llegó muy tarde, aunado a que las instituciones y mecanismos para atender el asunto no tienen la capacidad necesaria. Los familiares de las personas no localizadas son quienes siguen haciendo el trabajo que correspondería a las autoridades, enfatizó.

Expuso que materia de personas expulsados de sus lugares de origen por violencia, hostigamiento y amenazas, persecución tampoco son atendidos por las instituciones; y esta problemática alcanza a los periodistas y defensores de derechos humanos, que reciben auxilio deficiente y se ven obligados a buscar refugio en distintos estados de la República, como la Ciudad de México.

Agregó que el gobierno de transición ofrece amnistía a algunos presos, lo que podría incluir a las personas privadas de la libertad por cuestiones políticas o bien, quienes fueron utilizados por autoridades y gobiernos como “carne de cañón” para sustentar casos mediáticos, aunque aún no se sabe cuál será el mecanismo de selección para ello.

A todo lo anterior se suman las detenciones ilegales, confesiones obtenidas a través de la tortura, la presentación de falsos testigos acusadores que también sufren amenazas; pruebas fabricadas; la presión familiar para que den falso testimonio, prácticas a las que calificó como una “vorágine de delitos inventados”.

Recriminó que ante este fenómeno, el poder judicial se sume con “jueces de consigna” para investigar los crímenes o bien, fabricarlos; y los responsables de las investigaciones hayan aplicado el “marketing judicial” para mostrar presuntos culpables ante las cámaras de televisión.

El escritor Jorge Volpi coincidió con los señalamientos de que el sistema de justicia en México no está funcionando y por ello la ciudadanía, periodistas, especialistas, familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos están interviniendo directamente para conocer la verdad.

A la hablar de sus investigaciones sobre el caso de la ciudadana de origen francés, Florence Cassez, Volpi subrayó que pudo dar cuenta de cómo opera la fabricación de delitos en el país. ar/m