La vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, señaló que la bancada de Morena pretende aprobar en “fast track” un dictamen para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Consideró que el proyecto traiciona los acuerdos alcanzados con organizaciones civiles, académicos, legisladores e integrantes del equipo de transición del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, así como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “manifestaron su inconformidad porque la propuesta que se pretende dictaminar es distinta a la trabajada conjuntamente y presentada hace dos meses”.

La también secretaria de la Comisión de Justicia en San Lázaro respaldó la petición de las organizaciones civiles de corregir el proyecto e insistió en su postura de crear una institución autónoma e independiente, cuyo titular no sea nombrado por el presidente de la República.

Juárez Piña indicó que de acuerdo con los colectivos sociales, “la propuesta que está por presentarse no garantiza un proceso de transición adecuado", que rompa con las prácticas de la actual Procuraduría General de la República (PGR).

Opinó que “tampoco garantiza la independencia de los fiscales para investigar y posterga el plazo previsto para que la persona que ejerza el cargo de fiscal general de la República desarrolle el proceso de consulta ciudadana orientado a promover cambios estructurales en la procuración de justicia”.

La diputada perredista subrayó que las organizaciones civiles denuncian, además, que el proyecto reduce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas que viven en el extranjero y no brinda garantías suficientes para que la Fiscalía General de la República cuente con el presupuesto necesario para contribuir a reducir los niveles de impunidad en el país.

“También duplica las funciones de investigación al otorgarle a la Coordinación General funciones que son propias de la Coordinación de Investigación y de Persecución Penal, generando estructuras que tornarán ineficiente el funcionamiento de la Fiscalía General de la República”, apuntó.

A su juicio, el proyecto “limita la transparencia y auditoría social sobre el funcionamiento y cumplimiento de metas institucionales y desnaturaliza el Plan de Persecución Penal, al suprimir su categoría de instrumento público, eficaz para la rendición de cuentas de la Fiscalía”.

Finalmente, consideró que una manera de transparentar la discusión sobre la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es mediante el formato de parlamento abierto, “sin dejar fuera a las víctimas y a la ciudadanía que ha trabajado por transformar el actual sistema de justicia”. /gh/m