La Cámara de Diputados público en su Gaceta Parlamentaria, las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por los congresistas, con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto.

El tema que generó consultas de gran parte de las fracciones parlamentarias, fue el de la Estafa Maestra, que involucró a las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a cargo de la ahora ex secretaria Rosario Robles.

A las preguntas de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), el Partido del trabajo (PT) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), respondió que las irregularidades son investigadas por las autoridades correspondientes.

Si hubo desvíos de recursos no fue responsabilidad de la ex titular de ambas dependencias; y tampoco se encontraron motivos para separarla del cargo, afirmó el Gobierno Federal.

Refirió que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los contratos referentes a la Estafa, se suscribieron con 16 universidades y dos institutos educativos públicos.

Recalcó que las investigaciones continúan, por lo que las instancias encargadas de determinar lo procedente, son la propia Auditoría, la Procuraduría General de la República (PGR), y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los diputados del PT preguntaron directamente si está encubriendo a alguno de los responsables de los desvíos denunciados.

La autoridad refrendó que producto de las investigaciones, se han aplicado sanciones a funcionarios públicos por la contratación indebida de universidades.

“A la fecha, se han investigado 87 servidores públicos, de los cuales 17 han sido sancionados y continúan en proceso 14”, indicó.

Sobre el presunto desvío de mil 300 millones de pesos de SEDATU y SEDESOL a través de las “empresas fantasma” asociadas a la Estafa, según la Auditoría Superior, el Gobierno Federal señaló que no hubo tal desvío y se comprobó plenamente el destino de ese monto.

”Se entregó las universidades y organismos públicos con los que se establecieron convenios”, de modo que si hubo incumplimiento o irregularidades, compete a las instituciones contratadas.

Agregó que la ley no contempla la separación de un funcionario público como medida cautelar.

Aunado a que, “derivado de las investigaciones realizadas, no se presentaron hallazgos que ameritarán la suspensión temporal del cargo” en el caso de la Secretaria Robles Berlanga”, indicó a pregunta de los diputados del PRD.

Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) preguntaron sobre el combate a la pobreza, la Cruzada Nacional contra el Hambre, y las fallas en la reconstrucción por los sismos del 2017.

Se respondió que la SEDATU, a cargo de la ahora ex secretaria Robles, no construyó casas y los apoyos se entregaron directamente a través de tarjetas, a los damnificados.

Admitió que a más de un año de los sismos, faltan por reconstruir más de 10 mil viviendas en los estados afectados.

Sobre el “fracaso” en el combate a la pobreza, la administración anterior rechazó que los programas en la materia hayan fallado.

A los panistas les respondió que Gobernación no hace espionaje, lo anterior con referencia al caso Pegasus.

Sin embargo, refirió que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) da seguimiento a la actividad de actores políticos y sociales, con el fin de mantener la gobernabilidad.

Al cuestionamiento sobre el incumplimiento en el combate a la pobreza, en especial en el sureste, el Gobierno Federal indicó que entre 2014 y 2016, el porcentaje de pobreza en el país se redujo en 27 estados; mientras que la pobreza extrema bajó en 29 entidades.

“Lejos de fallar, los programas sociales implementados por el Gobierno de la República permitieron avanzar en el combate a la pobreza, sobre todo en los estados del sur del país”, argumentó.

Lo anterior, al señalar que los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son complejos de atender, y aunque se trabajó en ello, hizo falta mucho por hacer.

Los panistas preguntaron sobre el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y si el Presidente de la República estuvo enterado del Procedimiento Abreviado realizado por el Ministerio Público, para reducir la pena del ex mandatario.

El Gobierno respondió que el Primer Mandatario no fue informado de ello, puesto que las acciones del Ministerio Público son autónomas e independientes.

Con respecto a los gasolinazos, el PAN pidió informar sobre el costo del subsidio a la gasolina en 2017 y 2018.

Se respondió que en 2017, el costo recaudatorio por estímulos a gasolina y diésel, fue superior a 67 mil millones de pesos; y hasta el tercer trimestre de 2018, de 46 mil 700 millones de pesos.

El tema también fue abordado por la fracción del Movimiento Ciudadano (MC).

El Ejecutivo expuso que la reforma energética no ha fallado, empieza a tener los impactos positivos deseados, y al haber liberado los precios de los combustibles, se están reflejando los verdaderos costos del suministro.

Explicó que los precios se han incrementado, por el mayor costo de la referencia internacional de cada combustible, y por los movimientos en el tipo de cambio.

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consultó cuál sería el costo económico y social de cancelar la reforma educativa.

El ejecutivo indicó que “frenar la reforma educativa tendría costos muy elevados para nuestro país y se evitaría que las niñas y niños cuenten con instrumentos y herramientas de calidad para salir adelante”.

Defendió el ordenamiento al afirmar que permitió recuperar la rectoría de la educación, dar transparencia a los procesos de selección para el ingreso al servicio docente, y derivó en el incremento en la inversión en calidad de infraestructura educativa, con más de 139 mil millones de pesos.

Enfatizó que el ordenamiento no debería modificarse, sino consolidarse, en el entendido que las reformas educativas más exitosas han tardado 20 años en dar los resultados esperados.

En cuanto al combate a la corrupción y la falta de un fiscal especializado en esa materia, así como la tardanza en ratificar a los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

Gobierno Federal respondió a los diputados del MC, que la responsabilidad de esas designaciones recae en el Senado de la República o en su caso, en la Comisión Permanente del Congreso.

La bancada del Partido del Trabajo (PT), cuestionó por qué no se asignaron los recursos necesarios al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El Ejecutivo afirmó que en ese rubro no hubo reducción de presupuesto, por el contrario, en 2017 se destinaron 15.5 millones de pesos; y para 2018, la cifra subió a 200 millones de pesos.

Recordó que en octubre de este mismo año, se autorizó asignar 75 millones de pesos más a ese rubro.

Una pregunta directa del PT, respecto a que el Presidente Enrique Peña es considerado por el 77 por ciento de los mexicanos, como el más corrupto en la historia del país, se respondió que la saliente administración asumió el combate a la corrupción como un tema de primer orden.

El oficio firmado por el anterior Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís, llegó a la Cámara el pasado viernes 30 de noviembre y se publicó de manera oficial este martes 4 de diciembre, para hacerlo del conocimiento de la asamblea.

Incluye nueve anexos en los que se responde a los cuestionamientos planteados por todas las fracciones parlamentarias, y diputados sin partido. ys/m.