Durante el foro “La Guardia Nacional y otras propuestas en materia de seguridad pública, retos y perspectivas”, expertos en la materia se pronunciaron en contra de que las fuerzas armadas sigan cumpliendo funciones de cuerpos de seguridad, no obstante que sea bajo otro modelo.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz (MC) explicó que con este foro se abre el primero de varios espacios para que sociedad civil y expertos en seguridad pública ofrezcan sus perspectivas y “nutran el criterio de quienes tenemos el reto por contener cualquier intento de exceso de poder, retroceso democrático o deterioro de los derechos humanos, en este ámbito”.

“Es indispensable que la sociedad civil, academia, juristas, expertos en derechos humanos y seguridad pública, orienten con su conocimientos a quienes tenemos que definir el destino de la estrategia planteada”, sostuvo.

También de MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, resaltó que las dudas que queden de este tipo de foros se traducen en un mayor interés por el tema, además, abonan elementos para crear un nuevo dictamen.

El diputado José Ángel Pérez Hernández (PES) explicó que aunque su grupo parlamentario está a favor de la iniciativa, desean escuchar la opinión de expertos que ayuden a mejorarla. “Estamos dispuestos a cambiar o buscar la forma de cómo trabajar mejor, pero lo que queremos es que las cosas cambien”.

Claudia Fernández Jiménez, directora de normatividad en la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró preocupante que la iniciativa contempla consagrar en el marco constitucional, el traslado por tiempo indeterminado de las funciones de seguridad pública y de auxilio a las autoridades ministeriales en el ámbito federal, a un cuerpo que estará integrado en su mayoría por elementos militares, con adiestramiento ajeno al de las policías civiles, que en los hechos profundiza la militarización de la seguridad pública en México.

Puntualizó que el uso del Ejército, lejos de solucionar el problema de inseguridad, ha desatado aún más la violencia y contribuido al aumento de violaciones de derechos humanos, como son las ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, entre otras.

“Su participación no es lo más deseable dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales, pero sin dejar de reconocer su institucionalidad, compromiso y entrega”, expresó.

Emilio Cujama López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, indicó que la participación de cuerpos castrenses ha provocado más violencia de lo que se ha evitado, por lo que la introducción de la gendarmería y ahora de la Guardia Nacional, institucionaliza esta dinámica de militarizar la seguridad pública.

La violencia ha sido naturalizada y convertida en un bien de consumo. “Hoy en día vemos novelas, series y programas de televisión en donde se va popularizando su ejercicio e incluso se pone en un estandarte esta dinámica, lo que complica el problema”.

Rafael Estrada Michel, director del doctorado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, destacó que el artículo 129 de la Constitución señala que las fuerzas armadas tienen que adherirse a actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar en tiempos de paz, “y que yo sepa no se ha declarado la guerra”. bmj/m