La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución que permitirán la extinción de dominio a los bienes de servidores públicos que hayan sido adquiridos por actos de corrupción, así como a miembros de la delincuencia organizada por robo de hidrocarburos, conocido como el “huachicoleo”.

Con 474 votos a favor, los legisladores dieron luz verde a la ampliación del catálogo de delitos que integran el artículo 22, para implementar esta acción de la justicia.

De acuerdo con el dictamen, la extinción de dominio es considerada una estrategia de seguridad pública, para atacar los fondos económicos, “con los cuales la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado”.

“Será procedente (la media) sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relaciones con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos”, se lee en el nuevo texto.

El Dato: De enero a septiembre, Pemex detectó un total de 11 mil 240 tomas clandestinas.

El dictamen de la minuta enviada por el Senado de la República, indica que la extinción de dominio será ejercida por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional.

En los cambios aprobados a la Carta Magna se agrega que la ley establecerá mecanismos para que las autoridades administren los bienes que fueron incautados y defina si es necesaria la destrucción de los mismos.

“La ley establecerá, los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos”, señala la modificación hecha por los senadores.

Al fundamentar en tribuna el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo, aseguró que, con la aprobación de esta medida se desalentarán los actos de corrupción y la capacidad de operación de grupos delictivos.

“Desde ese planteamiento, la reforma pretende que la acción de extinción de dominio sea eficaz, viable y realizable. Es considerada de carácter real y de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido”, explicó.

La morenista aseguró que esta figura jurídica es el “procedimiento más eficaz” para la recuperación de activos, “y ahora será un procedimiento jurisdiccional, pero de naturaleza civil, con otro estándar probatorio”.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la reforma constitucional a las legislaturas de los estados para su análisis y ratificación. /gh/m