La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presidida por el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), aprobó otorgar por primera vez, la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV legislatura, a Ana María Latapí Sarre, post mortem, quien falleció a principios del presente mes.

La instancia legislativa destacó la importancia de que la Cámara de Diputados reconozca los méritos de una persona que se ha distinguido por realizar acciones que contribuyan a desarrollar una sociedad de inclusión, sin discriminación y con pleno respeto a sus derechos.

Por ello, afirmó, el Poder Legislativo condecora y retribuye los esfuerzos que realizó Ana María Latapí Sarre en pro de las personas que viven con alguna discapacidad, e invita a la sociedad a seguir el ejemplo de lucha por los derechos humanos y la no discriminación que mantuvo Gilberto Rincón Gallardo.

La entrega de la presea será a su familia en el Pleno de San Lázaro, en sesión solemne, en el segundo periodo del primer año de la legislatura; el día y hora lo acordará la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En la sesión solemne podrán hacer uso de la palabra una diputada o diputado integrantes de las comisiones de Grupos Vulnerables y de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; un representante de la persona galardonada y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La Jucopo acordará los tiempos y orden de las intervenciones de los oradores.

Los familiares de la galardonada recibirán la medalla de honor post mortem, un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que designó a la persona que se reconoce, suscrito por los integrantes de la Jucopo; un ejemplar original del decreto de la Cámara de Diputados, y una suma de dinero equivalente a dos veces la dieta mensual de una diputada o diputado.

Ana María Latapí Sarre inició su lucha desde la década de los sesentas. Dedicó toda su vida a reconocer los derechos de las personas con discapacidad, intentando lograr su integración en la sociedad, con el objetivo incansable de que fueran dignificadas y valoradas, sin importar sus condiciones físicas o intelectuales.

El dictamen avalado establece que Ana María “fue un importante motor para que las personas con alguna discapacidad pudieran tener reconocidos sus derechos a trabajar y estudiar, además de sentirse parte integral de su entorno humano”.

Refiere que su trabajo constante la llevó a incidir en las modificaciones a leyes locales y federales, para la inclusión social de todas las personas. /gh/m