En entrevista telefónica con Carmen Aristegui, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, comentó que en la actualidad se están ganando dos batallas muy importantes: la reducción del costo del gobierno, que está enfrentando “muchas dificultades y resistencias”; y el uso discrecional del presupuesto, “con la impunidad de cómo se gastaba el dinero en administraciones anteriores”.

El legislador de Morena aseguró que las asignaciones presupuestales se basan en la Ley de Coordinación Fiscal.

“El gasto federalizado para el siguiente año será de un billón 897 mil millones de pesos, es decir, lo que el Gobierno Federal va a invertir, va a aplicar en la totalidad de los estados y los municipios para distintos programas o responsabilidades que tienen, observa un crecimiento importante”, abundó.

Destacó que el Gobierno Federal ha puesto el ejemplo con una reducción en su presupuesto de poco más de 20 mil millones de pesos, los cuales serán invertidos en salud y educación.

Observó que uno de los principales conflictos entre los gobiernos estatales con la administración federal en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019 es el recorte del Ramo 23, que se ha distinguido por su discrecionalidad.

“El Ramo 23 no tiene un marco legal, se usa a discreción y los que más se beneficiaban eran los amigos del presidente, los que se humillaban frente al presidente, los que le iban a pedir favores. Lo que estamos haciendo nosotros con este presupuesto es quitar estos fondos para desarrollar una mayor inversión en materia social y productiva”, dijo.

El gobernador de Chihuahua expuso que Ramírez Cuéllar abrió un proceso para que cada entidad, con sus legisladores y municipios, definieran algunos proyectos prioritarios en infraestructura que busquen financiar; sin embargo, “una de nuestras sorpresas es que ni uno sólo de esos proyectos aparecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación“.

El mandatario observó que hay una especie de descalificación generalizada que no puede aceptar, ya que su gobierno ha hecho esfuerzos para reducir el gasto corriente.

“Ni un estado ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho un plan de austeridad y ahorro del tamaño que hizo Chihuahua. Nosotros reducimos 84 por ciento el gasto de comunicación social y hemos hecho muchos esfuerzos por mejorar la recaudación propia y combatir al elusión fiscal“, añadió.

Coincidió en que el Ramo 23 tiene una historia de discrecionalidad, y ha sido utilizado como una zanahoria o un garrote para premiar o castigar a los gobiernos estatales.

Sin embargo, consideró que no por unos “deben pasar a cuchillo todos”.

“A mí que me esculquen, porque a mí no me pueden hablar de moches, que yo utilicé el Ramo 23 de una u otra manera, a nosotros nos liberaban los recursos casi al último, con proyectos muy bien hechos. Lo que teníamos que haber hecho era acabar con la discrecionalidad, establecer reglas para el concurso de proyectos y generar criterios objetivos“, indicó.

Asimismo, Corral jurado aclaró que su inconformidad no sólo se debe al Ramo 23,” porque aunque me lo quiten o me lo dejen, a mí no me pasa nada”.

“Los que van a tener problemas son los que tenían toda su conducción con base en el Ramo 23, yo no sé cómo le van a hacer otros estados a los que les daban 15 mil, 20 mil millones de Ramo 23 o más. A mí me dieron cuando mucho 400 millones de pesos”, subrayó.

Señaló que hay otros rubros muy preocupantes que deben ser corregidos como la reducción del 61 por ciento del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), y de 55 por ciento en recursos para el campo.

Ramírez Cuéllar aseguró que desde la Comisión de Presupuesto se opondrá a que se siga beneficiando a los gobiernos que estaban a lado del Presidente de la República.

“Era el abuso inmenso en el Estado de México, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, con (Rafael) Moreno Valle, expropiaban los gobernadores lo que los diputados sacaban con los programas etiquetados, y luego los gobernadores también les retribuían un sobresueldo a los legisladores y a los gestores”, recordó. bmj/m