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11:11  |  30 - 12 - 2018
Feminicidio amerita prisión preventiva oficiosa, afirma diputada

 

La legisladora Lorena Villavicencio Ayala, de Morena a través de una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política, propuso incluir el feminicidio como un delito grave que requiere prisión preventiva oficiosa.

 

 

La diputada de Morena precisó que el fenómeno de la violencia de género, el cual se ha incrementado en los últimos años, requiere ser valorado en la inclusión de nuevas conductas al catálogo de ilícitos graves, ya que atenta contra el bienestar y el tejido social.

 

 

Además, presentó adicionar una fracción al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que, en concordancia con la reforma constitucional, se establezca el delito de feminicidio como grave en ese código.

 

 

También propuso reformar el artículo 325 del Código Penal Federal para determinar con más objetividad y precisión el tipo penal de feminicidio como un delito de homicidio agravado, donde el concepto de muerte de una mujer sea punto medular para determinar la infracción.

 

 

“Esta propuesta obedece a la razón de que el delito de feminicidio no sólo protege el bien jurídico tutelado de la vida y la integridad, sino que además resguarda el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, dignidad, libertad, seguridad personal de la víctima y el acceso de la mujer a una vida libre de violencia”, expuso.

 

 

La diputada federal señaló que el Nuevo Sistema de Justicia Penal sólo considera graves siete tipos de delitos, y quienes los cometan enfrentarán un proceso en prisión; sin embargo, no se encuentra estipulado que el feminicidio sea un ilícito grave.

 

 

“Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres”, aseguró Villavicencio Ayala.

 

 

Agregó que, bajo este contexto, “la violencia de género contra las mujeres de todas las edades es inadmisible, por lo que es necesario crear un marco jurídico más estricto, puntual y eficaz para prevenir, combatir y terminar con la impunidad que priva en estos casos que afectan el tejido social”. /jpc/m

 
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