En la Cámara de Diputados, se retomarán trabajos técnicos para adecuar la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, indicó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera.

Acompañada por activistas, añadió que para ello se tomarán en cuenta las propuestas hechas a través de una iniciativa ciudadana firmada por más de 117 organizaciones sociales y más de 80 activistas y personas.

Al respecto, Alejandro Cerezo, uno de los principales promotores de la reforma, señaló que el propósito central es que el Estado garantice, proteja y haga cumplir el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la justicia, de comunicadores y defensores de derechos víctimas de agresiones.

“Y pretende que el Estado Mexicano garantice, proteja y satisfaga el derecho a defender derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, la prevención de delitos y violaciones de derechos humanos cometidas contra ambas poblaciones, el derecho a la vida e integridad y ambas poblaciones y sus familiares, comunidades, organizaciones y colectivos, el derecho a la justicia que implica la investigación de los delitos”, apuntó Cerezo Contreras.

Prevé mecanismos de transparencia, para dejar en claro el destino de los recursos federales asignados, que nunca han sido suficientes; y que no intervengan empresas privadas contratadas para brindar seguridad a la población objetivo, puntualizó.

Detalló que la empresa está identificada como “RCU Sistemas”, la cual se encarga de manejar y operar el mecanismo de atención a través de botones de pánico y circuitos cerrados de seguridad en domicilios y oficinas; de proveer chalecos antibalas, escoltas, y otros implementos como mallas y cerraduras reforzadas.

Agregó que la propuesta plantea fortalecer el trabajo de la Fiscalía General y las fiscalías estatales para investigar las agresiones contra defensores y periodistas, así como mejorar el mecanismo de protección, creando una unidad que se encargue de la reparación integral del daño.

Contempla impulsar la capacitación y profesionalización de los integrantes del mecanismo de protección y que existan mecanismos locales que actúen de manera homologada, a fin de reducir los riesgos para quienes sean amenazados por el ejercicio de sus labores.

Aprovechó para hacer un llamado al Ejecutivo Federal a que integre a sus representantes a las mesas de análisis técnico, al igual que a los miembros de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han sido reiteradamente invitados, pero no han respondido.

Cerezo y otros activistas, a pregunta expresa, refirieron que los últimos señalamientos

del Presidente de la República, sobre la corrupción generalizada en organizaciones sociales a las que ya no se entregarán apoyos, no abonan a generar un clima de respeto hacia defensores ni periodistas, por el contrario, propician un advierte adverso y de descalificación hacia su trabajo (Noticias MVS)