La presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, María del Pilar Ortega Martínez, señaló que, para poder crear una ley general contra el desplazamiento forzado interno, primero será necesario reformar la Constitución política del país.

“Necesitaríamos empezar con una propuesta de reforma constitucional que dote al Congreso de la facultad para expedir una ley general sobre este tema, que aplicaría en todas las entidades federativas”, expresó en entrevista.

Recordó que, en un ejercicio de parlamento abierto, la Cámara de Diputados realizó los días 6 y 13 de marzo diversas mesas de análisis sobre el desplazamiento forzado interno, en las que participaron representantes de organismos nacionales e internacionales, asociaciones civiles, víctimas, académicos y diputados locales y federales, entre otros.

En esas mesas, dijo, se planteó la necesidad urgente de legislar sobre este asunto, comenzando por tipificar el desplazamiento forzado interno en el Código Penal Federal, y continuar con la expedición de una ley general para combatir esta problemática y atender a las víctimas.

Derivado de este ejercicio, mencionó que el pasado 14 de marzo, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que tipifica como delito el desplazamiento interno en el Código Penal Federal, con penas de entre seis y 12 años de prisión y multas de entre 300 y 600 Unidades de Medida y Actualización.

Ortega Martínez señaló que ahora el reto de los legisladores es construir una ley general sobre esta materia, pues “la intención es combatir el desplazamiento interno forzado, es decir, aquellos movimientos de personas que son obligadas a cambiar su lugar de residencia por amenazas o por el ejercicio de la violencia”.

“Lo que más se ve en este tema es que grupos criminales atentan contra asentamientos de grupos de personas que tienen su residencia en un determinado lugar y los obligan a irse, o puede ser también por otras causas, como cuestiones religiosas, discriminación, etcétera”, expuso.

La legisladora del Partido de Acción Nacional indicó que para empezar a construir el proyecto de ley se debe continuar con los ejercicios de parlamento abierto, a fin de lograr un producto consensuado que recoja la anuencia de todas las fuerzas parlamentarias.

“Al hablar de una ley, no estamos hablando solamente de la parte punitiva, sino también de las políticas públicas y de las áreas del gobierno federal que tendrán que crearse para poder combatir este delito”, aseveró.

Esto implica, abundó, revisar todas las aristas posibles, de entrada, el impacto presupuestal que también estamos obligados a revisar; realizar una serie de foros temáticos sería lo más responsable para efecto de que la ley tenga la mejor construcción posible.

A su vez, el secretario de la Comisión de Justicia, Rubén Cayetano García, expresó su respaldo a la intención de expedir una ley general contra el desplazamiento forzado interno, aunque consideró que su creación tardará más de un año.

Expresó que mientras se lleva a cabo el análisis y dictaminación, es necesario tipificar como delito el desplazamiento forzado interno, “porque es un flagelo social que está ocurriendo contra miles de personas”.

El también coordinador de la Subcomisión sobre el Caso Ayotzinapa, Desplazados y Desaparición Forzada, de la Comisión de Justicia aseguró que las víctimas de desplazamiento quedan en un estado de vulnerabilidad, por lo que es urgente legislar sobre el tema, y el primer paso es reformar el Código Penal Federal.

“Las víctimas no se llevan documentos, abandonan su lugar de trabajo, sus actividades económicas, no tienen acceso a los servicios de salud, sus hijos no tienen acceso a la educación, quedan en estado de indefensión. Probablemente en la ley general ya se vea como política pública”, agregó el legislador de Morena. /jpc/m