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La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, estimó que las leyes secundarias de la Guardia Nacional podrían discutirse en un periodo extraordinario de sesiones. Pidieron se genere el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas en San Lázaro y demandaron legislar sin prisas ni presiones. Se pronunciaron a favor de que la Guardia cuente con una división de elementos especializados en atención a casos de violencia extrema contra mujeres y delitos feminicidas, y que el 50 por ciento de los efectivos sean mujeres. El grupo parlamentario coordinado por la diputada del PRD Verónica Juárez, indicó que esos ordenamientos no se deben procesar de manera atropellada, pese a que solo falta un mes para el cierre de los trabajos ordinarios en la Cámara. La Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recordaron, deben ser aprobadas en un plazo de entre 60 y 90 días naturales. Los perredistas en San Lázaro refrendaron que el nuevo cuerpo policíaco debe tener un mando civil, así como apegarse a los principios de derechos humanos establecidos en la Constitución y leyes y tratados internacionales. En cuanto al uso de la fuerza, indicaron que la norma en cuestión debe especificar claramente en qué casos se podrá aplicar la “fuerza letal”. Propusieron que ello se justifique cuando la vida de terceros esté en peligro de muerte, o bien, cuando la vida del detenido o de los elementos de la Guardia durante la detención, estén en riesgo. Respecto a la atención a manifestaciones sociales, indicaron que la Guardia debe coordinarse con personal civil administrativo, a fin de establecer cuándo una protesta social está fuera de control, y cómo se utilizará la fuerza para impedir que la integridad y seguridad de terceros estén en peligro. En lo referente al registro de detenciones, los diputados federales del Sol Azteca señalaron que esos datos deben ser públicos, registrarse de manera inmediata y a través de fichas públicas, para que los familiares de la persona involucrada estén informados. Asimismo, indicaron que la autoridad civil será la encargada de valorar la peligrosidad o riesgo de un detenido, y de dictar si es enviado a prisión. Por ningún motivo, ese procedimiento deberá poner en riesgo la vida del involucrado o de terceras personas, añadieron. /lgg/m |
