La Cámara de Diputados discutió en la sesión ordinaria de este miércoles, una serie de dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios, en materia de derechos de los migrantes.

Al pronunciarse a favor, legisladores de todas las fracciones parlamentarias subrayaron que México no criminaliza a los migrantes, y hacerlo, es violentar su integridad y garantías.

Hicieron referencia a las amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el eventual cierre de la frontera para frenar las caravanas provenientes de Centroamérica y otras naciones.

Los congresistas, en particular de oposición, subrayaron que el Ejecutivo Federal tendrá su respaldo, pero se requiere una postura más firme frente a los amagos del mandatario norteamericano.

“Que ante las amenazas del Presidente de Estados Unidos exige una postura del Gobierno Federal enérgica y contundente que defienda la dignidad de los mexicanos y la soberanía de nuestra nación. De ninguna manera pueden justificarse las amenazas y amagos en las relaciones entre dos naciones que comparten fronteras. De ninguna manera un hombre de estado puede responder con ocurrencias y dichos a una situación que día con día se agrava”, recalcó el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Francisco Espinosa Eguía.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ulises García Soto subrayó que criminalizar la migración implica violación a derechos humanos.

Su compañero de bancada, Maximino Alejandro Candelaria, señaló que las reformas en cuestión son una respuesta al fenómeno migratorio, que no criminaliza y por el contrario, brinda ayuda legal y atención consular.

La diputada del Movimiento Ciudadano (MC), María Libier González Anaya, enfatizó que reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), apuntan a que el Instituto Nacional de Migración es una de las entidades con mayor número de quejas por violación a derechos.

El diputado morenista, Óscar Rafael Novella, señaló que el Gobierno de México ha reconocido que el Instituto de Migración está severamente afectado por la corrupción, y desde el inicio de la presente administración, 400 agentes adscritos a ese organismo han sido cesados.

La diputada del PRI Hortensia María Luisa Noroña Quezada, agregó que los cambios a las leyes en materia migratoria, anuncian a los “vecinos” del norte, de que México está listo en materia de atención al fenómeno migratorio, para construir estrategias comunes entre naciones de tránsito y origen y asumir la responsabilidad de ser un paradigma en materia de respeto a los migrantes.

Se rechazan las expresiones agresivas del Presidente Trump, que acusan a Gobierno de México de no actuar contra la migración y amenazan con cerrar la frontera. Sus advertencias de cerrar fronteras y construir muros “son absurdas” y deben ser enfrentadas con un ánimo de “buena vecindad”, agregó el diputado de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz.

El primer dictamen indica que se busca no limitar los derechos de las personas presentadas en estaciones migratorias, y evitar violaciones a sus derechos humanos cometidas por servidores públicos.

Prevé que la sanción por ese motivo sea la destitución e inhabilitación.

Otro de los proyectos contempla establecer claramente las facultades de control, verificación y revisión del Instituto Nacional de Migración, y puntualizar que su labor no es ministerial, policial ni de investigación de denuncias penales, lo que compete al Ministerio Publico.

El tercer proyecto prevé que para dar una adecuada protección legal a los migrantes, podrán contar con un profesionista jurídico, que permita garantizar el acceso a sus derechos, y ejercer una defensa eficaz y en condiciones de igualdad.

Agrega que los migrantes podrán tener acceso a un procedimiento administrativo migratorio, ser asistidos y representados legalmente por la persona elegida para tal efecto, o por una persona que asigne el Estado.

Asimismo, en el caso de procesos jurídicos contra migrantes se deberán observar los derechos que establece la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Se facultará al Instituto Federal de la Defensoría Pública, para brindar orientación legal y jurídica gratuita a los migrantes que lo requieran dentro de las estaciones migratorias, sea de manera presencial o vía telefónica (Noticias MVS)