Por unanimidad de 450 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para suspender los permisos a dueños de gasolineras que vendan combustible robado y que serán incluidas en una lista negra, que publicará la Comisión Reguladora de Energía.

Antes, la Comisión de Marina aprobó un punto de acuerdo para exhortar al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a mantener el patrullaje permanente contra el robo de combustibles en las plataformas de Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche.

Sin embargo, durante la sesión de la comisión, el ex director de Arsenal Nacional de la Marina y secretario de esa instancia legislativa, Juan Ortiz Guarneros (PRI), alertó que en este sexenio no se construirán nuevas patrullas oceánicas, “lo que va a recrudecer la problemática”.

Explicó que se requieren al menos 70 interceptoras para los mandos territoriales y 40 patrullas oceánicas para la vigilancia y combate a los ilícitos en la zona económica exclusiva, pero la Armada cuenta con menos del 50 por ciento de ese número de unidades.

En la misma reunión, el presidente de la Comisión de Defensa y ex rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, Benito Medina Herrera (PRI), explicó que no todas las embarcaciones de las que habló Ortiz Guarneros están en servicio.

Abundó: “Como bien dijo el almirante Guarneros, normalmente se trabaja con 50 por ciento. Y muchas veces, de ese 50 por ciento una parte está en mantenimiento, la otra en rehabilitación. Entonces, realmente se trabaja con un 30 o 25 por ciento del potencial”.

Mientras, durante la discusión de la reforma para combatir la venta de combustible robado en las estaciones de servicio, el diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) dijo que, si bien se reconoce la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de combatir con firmeza el robo de hidrocarburos, es deseable que cuente con un mejor equipo de trabajo para lograr sus objetivos.

Porque, expuso, “la estrategia implementada por el gobierno no tiene resultados positivos y los costos económicos y sociales son altos”.

Recordó cómo el cierre de gasoductos derivó en desabasto de combustible por una serie de errores, producto de decisiones no acertadas y señaló que el costo por la falta de gasolinas fue de casi 40 mil millones de pesos, que afectó a productores, comerciantes, transportistas y al turismo.

También cuestionó la compra de auto tanques por una adjudicación directa de 92 millones de dólares, equivalente al presupuesto anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero acotó que de 600 unidades, solo se han entregado 280 y de éstas solo 80 están en servicio.

“En consecuencia, una estrategia que iba a atender una emergencia y que fue señalada por el Presidente López Obrador como urgente, meses después todavía no contamos en México con esos auto tanques que costaron millones de dólares por adjudicación directa”, indicó. (La Jornada.com)