La Comisión del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que preside la diputada Beatriz Manrique Guevara, aprobó siete dictámenes y nueve puntos de acuerdo. Destacan los referentes a la transformación de la basura en energía, frenar la biopiratería, incrementar la protección de áreas ecológicas y evaluar permisos otorgados para usufructuar bienes.

Los integrantes de la instancia legislativa avalaron por unanimidad, con cambios, la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de que estados y municipios coordinen acciones y fomenten el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en procesos de generación de energía.

Establece las especificaciones que deben cumplir los sitios de disposición final de los RSU para utilizar la materia orgánica, definir los indicadores para evaluar su aplicación e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Asimismo, validaron modificaciones al artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de enfrentar y abatir la biopiratería mediante la protección de los recursos biológicos forestales y los derechos de pueblos y comunidades indígenas para usufructuarlos.

“Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales. El registro y certificaciones de los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las mismas, así como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente nulo sin el reconocimiento previo indicado, salvo lo acordado en los tratados y convenios internacionales relativos a la materia”.

También avalaron reformas a los artículos 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 93 y 95 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atienda de manera obligatoria la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o la autoridad administrativa competente en la materia, al tratarse de obras y actividades que pretendan realizarse total o parcialmente en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, dentro del procedimiento de autorización de la evaluación de impacto ambiental.

Incluye el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que pretenda realizarse en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación. La opinión técnica tendrá carácter vinculante, previo a la resolución de la solicitud de autorización.

Además se aprobó el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de legitimación activa, para que se inicie el procedimiento de reparación del daño al medio ambiente con la denuncia de 15 personas y no de 30, como lo indica el Código Federal de Procedimientos Civiles. (Enfoque Noticias)