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Francisco Javier RamÃrez Navarrete, diputado federal de Morena, presentó una iniciativa con el objetivo de que sea la SecretarÃa de Gobernación la encargada de vigilar y controlar los juegos con apuestas y sorteos, asà como fungir como la encargada de establecer y estipular horarios de apertura y cierre, regulando asà la operación adecuada de los lugares donde se realizan apuestas, juegos y sorteos. En su iniciativa, el legislador propone modificaciones al primer párrafo del artÃculo 7 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para que se aplique el concepto real de casino y se evite que se promuevan prácticas nocivas. “Hoy este tipo de lugares fomentan la cultura del ocio, debido a que los apostadores tienen la posibilidad de enriquecerse fácilmente a través del juego. Ponen en riesgo económico a las familias de los apostadores y reducen su capacidad de ahorro. Además, generan problemas sociales como la inseguridad pública, drogadicción, prostitución, ludopatÃaâ€, dijo. El diputado de Morena recordó que, de acuerdo con datos del Centro de Atención de LudopatÃa y Crecimiento Integral, en México, hasta el año 2013 habÃa alrededor de 4 millones de ludópatas, y este número va en aumento, “debido en gran medida a que, en la actualidad, las personas no necesariamente tienen que acudir a un casino o centro de apuestas para hacerlo, pues solamente tienen que bajar una aplicación en su celular para jugarâ€. El legislador aseguró que los casinos también están asociados con la falta de generación de riqueza nacional, debido a que “son incapaces de producir bienes y servicios, por el contrario, le restarÃan recursos monetarios a la economÃa y no generan beneficios sociales en los lugares donde se instalan u operanâ€. RamÃrez Navarrete señaló que en México operan actualmente 409 casinos, y son los estados de Nuevo León, Baja California, Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México donde se concentra el 48% de esos establecimientos, y aseguró que en las entidades donde más se apuesta también se puede observar el mayor Ãndice de ciudadanos que se declaran en bancarrota. La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Población para su análisis y dictaminación /lgg/m |
