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Con 318 votos a favor, tres abstenciones y 121 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen en materia de combate a la defraudación fiscal y la falsificación de facturas. Las modificaciones tipifican la defraudación fiscal y la facturación de operaciones simuladas como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional, además de imponer a los responsables la prisión preventiva de oficio. Los legisladores morenistas Sergio Mayer, Lorena Villavicencio, Martha Patricia Ramírez, Javier Castañeda y Ulises Murguía votaron contra el dictamen. De acuerdo con el dictamen de las comisiones de Hacienda y de Justicia en el Palacio de San Lázaro, la expedición, venta, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas se sancionará con una pena de entre dos y nueve años de prisión, cuando el monto defraudado supere los 7 mil 800 pesos. Las modificaciones y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional, así como a los códigos Fiscal de la Federación, Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, tienen el propósito de combatir a las más de 9 mil empresas “fantasma” dedicadas a expedir y enajenar facturas de operaciones falsas y cuyo desfalco al erario supera los 250 mil millones de pesos cada año. Al comienzo de la discusión, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados desecharon las mociones suspensivas presentadas por las bancadas del PAN y del PRD para frenar el debate y devolver el proyecto a comisiones, con el argumento de que las reformas representan en los hechos acciones de “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes. (Milenio.com) |
