La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados abordará este jueves 5 de diciembre, el dictamen correspondiente a la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de Ley de Amnistía.

La discusión del proyecto, apuntó la presidenta de la instancia dictaminadora, Pilar Ortega, se centrará en si es viable o no tener una ley en esa materia, si se harán cambios conforme a lo propuesto en las rondas de parlamento abierto llevadas a cabo en semanas pasadas o si se aprobará sin cambios el documento enviado por el Presidente de la República.

La congresista del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que se trata de una propuesta singular, ya que por primera vez plantea generar amnistía a quienes han cometido delitos no asociados con conflictos políticos o sociales, sino a acusados por delitos como robo, contra la salud y aborto.

“Pues está marcando por primera vez en México la posibilidad de generar una amnistía por delitos que no están relacionados con algún conflicto, por alguna situación de conflicto social o de una guerrilla como en otros países se ha marcado la amnistía o proceso de pacificación. Estamos hablando de delitos como el robo, el aborto, como los delitos contra la salud, que es algo que no habíamos visto en México”, apuntó la diputada Ortega Martínez.

Hizo notar que, en el análisis del proyecto, ha quedado de manifiesto la preocupación de distintos sectores, incluyendo al PAN, que se oponen a ese tipo de tratamiento al delito.

Lo que se pide, explicó, es fortalecer el sistema de justicia penal y generar incentivos para que los juzgadores tomen en cuenta condiciones de vulnerabilidad de determinados grupos, se eviten las fallas en el debido proceso, no haya violación a garantías de pueblos indígenas y otros posibles beneficiarios.

Se propone, puntualizó, declarar la amnistía en favor de personas procesadas e incluso sentenciadas por delitos como el robo.

Indicó que en lugar de dejar en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la aplicación de la norma, se prevé la instalación de una Comisión que evaluará los casos particulares.

El proyecto de dictamen establece que los potenciales beneficiarios deberán cumplir tres requisitos, que la sentencia firme en su contra haya sido la primera por el delito que se les acuse, es decir, que no serán reincidentes; que no hayan sido condenados por delitos que impliquen la muerte de otra persona, por secuestro, por delitos que hayan provocado lesiones graves con secuelas permanentes a sus víctimas y que no hayan utilizado armas de fuego, o bien se les acuse de terrorismo.

Puntualiza que no podrán ser sujetos de amnistía procesados o sentenciados por delitos graves ni delitos a los que aplique prisión preventiva oficiosa, homicidas ni secuestradores.

Serán eventuales beneficiarios quienes hayan cometido delitos menores; acusados por sedición”; por cuestiones políticas; por participar en movimientos o protestas sociales y por aborto, incluyendo a médicos o parteras y parteros que lo hayan practicado; indígenas que no hayan tenido acceso al debido proceso.

También lo serán los acusados por robo simple y sin violencia, no reincidentes y que no se les aplique cárcel por más de cuatro años.

Serán probables beneficiarios quienes hayan cometido delitos contra la salud y se encuentren en pobreza o vulnerabilidad por exclusión y discriminación, por estar discapacitados, por presión de cónyuges o parejas sentimentales, por otros parientes y quienes hayan sido “obligados” por grupos de la delincuencia organizada.

Habrá amnistía para consumidores de narcóticos que hayan sido encontrados en posesión de hasta dos veces la cantidad máxima permitida para consumo personal inmediato, siempre y cuando no haya tenido como fin vender o distribuir dichas drogas.

Agrega que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) promoverá ante los gobiernos estatales la emisión de leyes de amnistía locales. (Noticias MVS)